Actualizado el 23/02/2016 07:06 Compartir
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama para el acusado 16 años y medio de cárcel -petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio- por poner en marcha, junto al exduque, una estructura "hueca de contenido real" y "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse de los más de seis millones de euros que obtuvieron de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Para ello, según el fiscal Pedro Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Torres niega, sin embargo, que la entidad liderada por ambos llevase a cabo actividades ilícitas no relacionadas con sus objetivos fundacionales, y que a los fondos públicos percibidos se les diese un destino irregular. Es más, defiende que la Casa Real estaba al corriente de todos los negocios que Nóos llevaba a cabo con las Administraciones.
De hecho, en uno de los numerosos escritos presentados a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Torres asegura que desde el Instituto "jamás se hizo nada sin antes haber informado" al exsecretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, "y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía".
Tras la declaración de Torres en el juicio, se prevé que comparezca Urdangarin, mientras que queda en el aire la fecha en que serán interrogados los otros dos acusados que restan por deponer: la Infanta Cristina y el abogado Salvador Trinxet. Ante la incertidumbre en torno a cómo transcurrirán las declaraciones, el tribunal ha habilitado la primera semana de marzo, de ser necesario, para continuar con los interrogatorios.
Cabe recordar que Torres fue citado por primera vez a declarar el 11 de julio de 2011 -una comparecencia inicial en la que desvinculó a Urdangarin-, cuando las sospechas de los investigadores comenzaron a cernirse sobre la actividad de la entidad y aún debía aflorar todo un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión de Nóos. Pesquisas que, cuatro meses después, llevaron a registrar la sede de la entidad y del entramado societario creado en torno a ella.
A lo largo de la instrucción, el procesado ha aportado numerosos correos y documentos con el objetivo de acreditar que la Casa Real estaba al tanto de las actividades de Nóos. De hecho, en su escrito de defensa llegó a proponer que declaren en el juicio el Rey Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía, la Infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. La petición fue finalmente desestimada.
Acerca de las cumbres sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en Palma y Valencia, entre otros eventos, por los que Nóos percibió hasta 6,2 millones de euros, Torres asegura que "responden todas ellas a una necesidad real, estando amplia y prolijamente justificada la oportunidad y bondad de su realización".
"No es cierto que Nóos fuera contratado por cosa distinta a la realidad de sus proyectos propios, que respondían a una realidad previa porque eran intrínsecamente de interés y además tenían, como en efecto tuvieron, un estraordinario impacto de todo punto positivo", incide al respecto el abogado de Torres, quien niega asimismo que los precios fijados por la entidad liderada por ambos exsocios para que las Administraciones patrocinasen sus proyectos estuvieran "fuera de mercado", como postula la Fiscalía.
La defensa de Torres sostiene que las Instituciones públicas "no contrataron la prestación de un servicio", sino que de lo que se trataba era de "patrocinar el novedoso proyecto del Instituto Nóos y así lo decidieron, porque sin lugar a duda de suerte alguna les era y fue harto beneficioso desde cualquier prisma posible".
El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos acusados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.
El fiscal Horrach detalla de forma pormenorizada cómo estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla en su escrito cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
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