El juez Castro requiere a la Audiencia Nacional la agenda con los pagos del yerno de Villar Mir al PP

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha librado un oficio a la Audiencia Nacional en el que requiere que le remita testimonio de la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

El magistrado ha cursado esta diligencia en el marco de la causa que indaga el presunto amaño del proceso para la adjudicación de las obras del hospital de referencia de Baleares, Son Espases, así como su conexión con los trabajos de reforma de la sede central del PP nacional, ubicada en la calle Génova de Madrid.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica' y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo, han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido madrileño.

En la providencia dictada por Castro, el juez solicita asimismo cuanta información guarde relación con las obras llevadas a cabo, en concreto, en la primera planta de la sede del partido, que se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular -sin coste alguno para el partido- por parte de OHL a cambio de resultar beneficiaria de la adjudicación de Son Espases. Unas obras que, sin embargo, acabaron en manos de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez.

Castro se compromete en su providencia, en caso de que estas investigaciones se encuentren bajo secreto, a abrir una pieza separada sobre estos hechos sobre la que igualmente será decretado el sigilo judicial a fin de no interferir en ellas.

En la misma resolución, el juez solicita a la Presidencia del PP que le informe de los trabajos de reforma llevados a cabo en la primera planta de la sede, y que le aporte estos datos junto al proyecto arquitectónico, el presupuesto, la licencia de obras, la empresa encargada de los mismos y las facturas que al respecto obren en su poder.

Castro continúa de esta forma buscando esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

A finales del pasado año, el juez incorporó también al caso el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica, al considerar que la formación 'popular' se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar, entre otros, gastos generados en campañas electorales, retribuciones y complementos de sueldo.

Es más, la resolución apuntaba a que el dinero opaco se empleó en el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

FACTURAS POR VALOR DE 237.000 EUROS

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.

COMISIONES DE NUEVE MILLONES DE EUROS

El juez Castro abrió esta nueva línea de investigación en el marco de la causa centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de los trabajos del hospital, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el propio Villar Mir y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.

EL PROCESO SE DECANTÓ INICIALMENTE A FAVOR DE OHL

OHL fue desbancada así como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro el pasado julio, Horrach asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.

"PROBLEMA POLÍTICO" SI LAS OBRAS NO SE ADJUDICABAN A DRAGADOS

Por su parte, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un "problema político" si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal "envergadura" no se adjudicaba a Dragados.