La declaración del excontable de Nóos se reanudará este martes tras desgranar sus actividades ilegales

La declaración del excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, cuyo interrogatorio en el juicio del caso Nóos está siendo denso y minucioso, se reanudará este martes. Continuará interpelándole el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ante cuyas preguntas el acusado está desgranando las maniobras de Iñaki Urdangarin y Diego Torres de cara a apoderarse de forma irregular de los fondos de las Administraciones públicas y con las que lograron desviar más de seis millones de euros.

La comparecencia arrancó el pasado jueves y suma más de diez horas de respuestas al representante del Ministerio Público. El exhaustivo interrogatorio y la exhibición de facturas y otros documentos está ralentizando el ritmo de una confesión clave de alguien que conocía a fondo y con detalle cómo funcionaba el entramado empresarial urdido por ambos exsocios para hacerse con el dinero público.

Tejeiro fue además el primer inculpado en alcanzar, hace año y medio, un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que ésta pide para él dos años de cárcel. La acusación popular ejercida por Manos Limpias eleva esta solicitud a once años.

El exresponsable del departamento contable del Instituto ha relatado cómo los fondos públicos que la entidad percibió de forma presuntamente irregular acabaron siendo repartidos entre Urdangarin y Diego Torres, quienes para ello urdieron una maraña de empresas entre las que giraban facturas falsas por servicios que no respondían a servicio alguno. Se trata de una práctica que constituía la vía para que el dinero de origen ilícito acabara en las cuentas de los dos acusados.

El inculpado, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que operaban en el mercado como si fueran una sola, todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control dentro del grupo.

Según un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, el importe total de las facturas que se cruzaron dentro del conglomerado empresarial llegó a ascender a ocho millones de euros. Más en concreto, Hacienda precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias empresas de la trama por trabajos supuestamente fictios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones, en 2006 de 2,2, en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.

El dictamen destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".

En esta misma línea, Tejeiro ha explicado que, por orden de Urdangarin y Torres, elaboró facturas falsas que posteriormente fueron presentadas por el Instituto a las instituciones para poder cobrar por eventos que finalmente no se llevaron a cabo.

Tal es el caso de los Juegos Europeos de Valencia, por los que el Instituto percibió 382.203 euros en 2006 a pesar de que el evento nunca tuvo lugar -el convenio para la realización del mismo contemplaba el pago de un total de seis millones de euros-. El inculpado subrayó que las facturas que fueron entregadas a la Generalitat Valenciana habían sido infladas y reflejaban tales gastos que "jamás se podrían justificar, porque no había gastos suficientes que respondieran a las elevadas cantidades reclamadas".

En su comparecencia, Tejeiro señaló tajante que tanto Urdangarin como Torres le ordenaban realizar estas facturas "tras decidir qué cantidad querían facturar" de la Administración.

CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS FICTICIOS

Otro de los puntos clave de su declaración radica asimismo en cómo los dos exsocios fingieron la contratación de empleados en la entidad y en otras empresas de su entramado, entre ellas Aizoon -de cuya mitad es propietaria la Infanta Cristina-, en aras a simular la actividad de estas entidades así como justificar y "ennegrecer" los ingresos que obtenían de las instituciones públicas.

Los trabajadores en cuestión ni trabajaban ni cobraban nómina de las entidades a pesar de haber sido dados de alta en la Seguridad Social, lo que permitía aumentar los gastos deducibles a Hacienda además de disminuir la base imponible y la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades.

Se trata de unas prácticas que, tal y como explicó el excontable, llevaron a la Casa Real a instar a Urdangarin a abandonar los negocios "con todo el lío que había habido con Nóos". "Un abogado de la Casa del Rey le comunicó [al exduque] que no podía ser". "¿Qué no podía ser?", le inquirió Horrach, a lo que el acusado respondió: "no quería que estuviera vinculado a ello".

En concreto, Tejeiro se refiere al exasesor de la Casa Real José Manuel Romero, quien en junio de 2005 tuvo conocimiento de la existencia del Instituto Nóos y, "alertado por los rumores del desarrollo de actividades inconvenientes por parte de dicha entidad y de sus miembros", según expone Horrach en su escrito de acusación, solicitó autorización del Rey Juan Carlos para entrevistarse con Urdangarin e instarle a que abandonara estos negocios.

Tejeiro señaló que, en cualquier caso, Urdangarin continuó vinculado a las actividades relacionadas con Nóos. Y es que, a pesar de que "a la oficina no iba, sí había contactos" entre ambos exsocios. Tras abandonar aparentemente Nóos, explicó que el 2 de mayo de 2006 Urdangarin, junto a Torres, constituyó una entidad bajo el nombre de Fundación Areté y con una aportación de 15.000 euros cada uno.

Tras la desaparición de la entidad, relató, ambos exsocios pusieron en marcha la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) que, en sustitución de la anterior, se creó en diciembre de 2006.

CALENDARIO DE DECLARACIONES, EXPUESTO A CAMBIOS

El aplazamiento en la reanudación de su comparecencia puede provocar cambios en el calendario establecido por el tribunal, siempre expuesto a modificaciones.

De hecho, este martes se prevé largo puesto que para este día había sido fijada la declaración del exdirector gerente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Jorge Vela y de la exdirectora de gestión de esta entidad Elisa Maldonado, que comparecerán dependiendo de si finaliza a tiempo la deposición de Tejeiro.

De ser así, el miércoles 17 continuarían las declaraciones en torno a la trama valenciana, con la comparecencia del también exdirector general de Cacsa José Manuel Aguilar y el exsecretario autonómico de Eventos de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, y el 18 el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y la exdelegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.

Ya el viernes 19 previsiblemente tendría lugar el interrogatorio de la Infanta Cristina, jornada en la que también ha sido fijada la de Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres. La comparecencia de la mujer de Urdangarin estaba prevista inicialmente el 26 de febrero.

Finalmente, la de Torres ha sido fijada para el martes 23, la de Iñaki Urdangarin el día 24, y la del letrado Salvador Trinxet el 25. En concreto, el calendario ha sido modificado a petición del abogado de Trinxet, al alegar que las fechas que anteriormente fijadas coincidían con un juicio con jurado cuyo acusado se encuentra preso.