Actualizado el 12/02/2016 15:22 Compartir
Tal y como ha puesto de manifiesto a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, a quien ha explicado que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, fue quien le dijo que "un abogado de la Casa del Rey le comunicó [al exduque] que no podía ser". "¿Qué no podía ser?", le ha inquirido Horrach, a lo que el acusado ha respondido: "no quería que estuviera vinculado a ello con todo el lío que había habido".
En concreto, Tejeiro ha hecho alusión al exasesor de la Casa Real José Manuel Romero, quien en junio de 2005 tuvo conocimiento de la existencia del Instituto Nóos y, "alertado por los rumores del desarrollo de actividades inconvenientes por parte de dicha entidad y de sus miembros", según expone Horrach en su escrito de acusación, solicitó autorización del Rey Juan Carlos para entrevistarse con Urdangarin e instarle a que abandonara estos negocios.
Tejeiro ha señalado que, en cualquier caso, Urdangarin continuó vinculado a las actividades relacionadas con Nóos. Y es que, a pesar de que "a la oficina no iba, sí había contactos" entre ambos exsocios. Tras abandonar aparentemente Nóos, ha explicado que el 2 de mayo de 2006 Urdangarin, junto a Torres, constituyó una entidad bajo el nombre de Fundación Areté y con una aportación de 15.000 euros cada uno.
Tal y como ha recordado Tejeiro, la Casa Real, al detectar que no habían seguido sus recomendaciones puesto que Urdangarin ostentaba el cargo de presidente de la entidad y el objeto social incluía la realización de actividades mercantiles -su objetivo era realizar estudios sobre el deporte y la cultura-, "puso un problema y no quería que apareciera" en la estructura de Areté, además de reclamar la disolución de ésta.
Tras la desaparición de la entidad, ha relatado, ambos exsocios pusieron en marcha la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) que, en sustitución de la anterior, se creó en diciembre de 2006.
Fue a través de esta última asociación con la que Urdangarin y Torres suscribieron, el 7 de octubre de 2007, un convenio con la empresa pública Madrid 16 por el que ésta abonaría más de 140.000 euros para que la FDCIS impulsara la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.
El pago de los fondos se llevó a cabo en un total de 18 entregas. En el sumario del caso consta un documento de cuatro páginas con el que se intentó justificar los pagos, con el título 'Memoria' escrito a mano y fechado en diciembre de 2011, 25 días después de los registros que dieron lugar al estallido del caso Nóos. Por estos hechos se encuentra acusada la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.
En el punto de mira estuvo el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, si bien Castro rechazó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó el exministro en el convenio, alegando no haber aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, beneficiaria de los fondos.
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