Actualizado el 14/12/2015 18:38 Compartir
En un dictamen de 59 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, el jurista Luis Atienza avala la utilización, por parte de Urdangarin y Torres, de una "compleja estructuración societaria" y la utilización de varias empresas para materializar sus proyectos, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y las investigaciones efectuadas durante los últimos años apuntan a que este entramado fue empleado por ambos exsocios para delinquir y apoderarse del dinero público.
En concreto, el Ministerio Público reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y 16 y medio para Torres por poner en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdir "una maraña de facturación ficticia" para desviarse el dinero que obtuvieron de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
La vista oral por estos hechos dará comienzo el próximo 11 de enero, con 18 acusados en el banquillo, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina. Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 30 de junio, si bien podría verse drásticamente reducido -a un máximo de dos semanas de duración- en caso de que se produjera un pacto previo con los principales procesados de la causa.
El informe ha sido presentado apenas unas semanas antes del inicio del juicio. En él, el abogado que lo suscribe subraya, entre otras cuestiones, que Nóos fue creado con "mucha anterioridad" a la celebración de los eventos para los que percibió hasta 6,2 millones de euros públicos -los Illes Balears Forum y los Valencia Summit-, con el objetivo de promover la celebración de encuentros y la publicación de artículos.
Su "misión fundamental" era, según la pericial, realizar investigaciones, servir de punto de encuentro de profesionales y promover la difusión del conocimiento a través de cursos, conferencias y seminarios.
De hecho, cita más de cien investigaciones llevadas a cabo sobre el patrocinio de actividades deportivas, culturales y sociales, proyectos para empresas, publicaciones y congresos, como "plataforma de colaboración para académicos, investigadores y consultores.
En cuanto a la forma en que fueron tramitados los convenios con las Administraciones, el dictamen asevera que éstos fueron concertados de conformidad a la normativa administrativa vigente.
También respalda que para el desarrollo y organización de los eventos fuesen subcontratadas empresas propiedad de Urdangarin y Torres. Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, cuya intervención en la trama permitía, según los investigadores, que los fondos obtenidos fuesen repartidos entre los dos exsocios.
Y es que, según Anticorrupción, para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos acusados.
Frente a esto, el informe aportado por la defensa de Torres rebate que el pago de los servicios prestados por estas empresas se correspondía al precio de mercado de los mismos así como a la retribución por la dedicación de sus profesionales. El documento recalca asimismo que la gran mayoría de las facturas emitidas tenían "conceptos precisos, refiriendo el concreto trabajo que fundamentaba la factura".
"Lo que existe es un grupo de sociedades que, provistas de los adecuados medios humanos y materiales, desarrollan las actividades propias de su objeto social", abunda la pericial, incidiendo en que las mercantiles "gozan de vida propia, autonomía y son independientes patrimonialmente".
En cuanto al delito fiscal que pesa sobre Torres por supuestamente haber defraudado más de 230.000 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos en 2007, el dictamen recalca que todas las entidades del grupo declararon ese año bases imponibles positivas y, por tanto, tributaron de forma efectiva por el anterior gravamen, lo que "no supone sanción alguna ni administrativa ni penalmente".
Finalmente, el informe hace referencia a la red fiduciaria investigada en la causa y de la que presuntamente se sirvieron los dos principales acusados para desviar fondos al extranjero. Según el documento, esta estructura fue constituida para facilitar el desarrollo de las actividades impulsadas por Nóos a nivel internacional, así como la contratación de ponentes nacionales y extranjeros para los diferentes congresos y eventos.
La Fiscalía apunta, por el contrario, a que la finalidad de aquélla era evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Se trata de una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).
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