El juicio contra la Infanta durará dos semanas en caso de que haya pacto

El juicio previsto a partir del próximo 11 de enero contra la Infanta Cristina y otros 17 acusados en el marco del caso Nóos se reducirá a dos semanas de duración -frente a los seis meses actualmente fijados- en caso de que previamente se materialice un pacto con las acusaciones que conlleve el reconocimiento de los hechos objeto de enjuiciamiento, según han informado fuentes de la causa a Europa Press.

La duración de la vista oral, que prevé generar una masiva expectación mediática con la presencia de numerosos medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional, se vería así notablemente reducida y se circunscribiría a los procesados que no admitan su responsabilidad penal y por tanto no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

Un posible pacto con los principales acusados del caso conllevará además renunciar a la mayor parte de los 363 testigos propuestos para el juicio, toda vez que, durante esas dos semanas, se practicarían las pruebas documentales pertinentes dirigidas a esclarecer el papel de los procesados no conformados.

También se discutiría la cuantía de las responsabilidades civiles a abonar por parte de los acusados y quiénes de ellos estarían obligados a satisfacerlas.

Por el momento, está previsto que el juicio, que se celebrará en un edificio cedido por el Govern en el Polígono Son Rossinyol de Palma debido al elevado número de partes personadas y de periodistas que le darán cobertura ante la magnitud de las investigaciones, finalice el 30 de junio del mismo año.

Durante los primeros días de la vista, en la denominada fase de cuestiones previas, la Infanta planteará que se le aplique la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

La hermana del Rey Felipe VI deberá por tanto sentarse en el banquillo al menos durante los primeros dos días bajo una petición, por parte de Manos Limpias, de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

La entidad sindical considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres para defraudar hasta 6,2 millones de euros públicos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por el marido de la Infanta.

El Ministerio Público solicita, por el contrario, más de cien años de cárcel para los 14 acusados contra los que se dirige, de los que 19 años y medio los reclama para Urdangarin y 16 y medio para Torres.

CALENDARIO DE DECLARACIONES

De acuerdo al calendario actualmente establecido, el primero de los acusados en declarar, el 9 de febrero, será el exdirector general de Deportes del gobierno balear José Luis 'Pepote' Ballester -uno de los 'arrepentidos' en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Tras ellos, está previsto que comparezcan el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, éste y Urdangarin.

Finalmente, y a propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet, y la propia Infanta, quien sería la última en declarar en caso de que se mantuviera este calendario y no se le aplicara la doctrina Botín.

CANTIDADES PRESUNTAMENTE MALVERSADAS

En concreto, tanto Urdangarin como Torres se hicieron de forma presuntamente ilegal con 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración de la primera edición del conocido como Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, percibieron 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y 382.000 por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, la entidad considerada sucesora de Nóos cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.