La magistrada Rocío Martín sustituirá a Yllanes al frente del tribunal que juzgará Nóos

La magistrada Rocío Martín sustituirá a Juan Pedro Yllanes al frente del tribunal que juzgará el caso Nóos, después de que aquél haya decidido concurrir como cabeza de lista de Podemos por Baleares al Congreso de los Diputados. La presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las islas ha adoptado este viernes el acuerdo de composición de la Sala que se encargará de la vista oral.

El tribunal quedará conformado así por la magistrada Eleonor Moyà, la propia Martín y la que fue designada ponente de cara a redactar la sentencia del caso Nóos, Samantha Romero, quien además presidirá el tribunal por ser la más antigua en la carrera judicial de las tres miembros de la Sala.

La decisión ha sido adoptada ante el inminente traslado de la presidenta de la Sección, Francisca Ramis, a otro órgano jurisdiccional, así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 y 209.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas de reparto de asuntos y de sustitución interna entre magistrados que rigen la Sección Primera.

Para la toma de decisión se ha tenido en cuenta además que el concurso interno entre magistrados de las secciones penales de la Audiencia, preceptivo con ocasión de la vacante por excedencia, ha quedado desierto, no habiendo solicitado la plaza de la Sección Primera ninguno de los magistrados de la Segunda, tal y como han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Está previsto que el juicio arranque el 11 de enero de 2016 y finalice el 30 de junio del mismo año. Serán juzgados un total de 18 acusados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.

La hermana del Rey Felipe VI deberá sentarse en el banquillo al menos durante los primeros dos días, en los que tendrán lugar las cuestiones previas, previstas para el día 11 y que previsiblemente también se alargarán al día siguiente. En estas jornadas, la Infanta planteará que se le aplique la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

En concreto, el sindicato reclama para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios: Aizoon.

La Fiscalía Anticorrupción solicita más de cien años de cárcel para los 14 acusados contra los que se dirige, de los que 19 años y medio los reclama para Urdangarin y 16 y medio para su exsocio, Diego Torres.