Actualizado el 20/12/2014 07:42 Compartir
Las Audiencias provinciales de A Coruña y Gran Canaria y el Juzgado número 7 de Gavà (Barcelona) ya han cerrado las causas abiertas, quedando solo abiertas las de la Audiencia Provincial de Madrid y la de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
En el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, emitido ayer, se confirma el sobreseimiento y archivo de la causa contra los controladores de Santiago de Compostela y se dictamina que "no cabe recurso alguno" contra el mismo, según USCA.
La Audiencia de Las Palmas, en su fallo del 12 de diciembre, dicta el sobreseimiento y el archivo de las diligencias abiertas por el Juzgado nº1 de Teide, mientras que el Juzgado nº7 de Gavà dictó auto de sobreseimiento el 9 de diciembre contra los controladores del Centro de Control de Barcelona.
En un comunicado, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que representa a más del 70% del colectivo, confía en que los procesos de Palma de Mallorca y Madrid, las dos causas abiertas todavía pendientes, tengan el mismo desenlace, eximiendo de responsabilidad a los controladores aéreos, al ser iguales los hechos juzgados.
En el caso de Palma, el Juzgado de Instrucción nº1 decretó el pasado febrero el sobreseimiento libre. La Audiencia Provincial ha reabierto la causa centrando las nuevas diligencias en aspectos médicos.
Al respecto, USCA está convencida de que tras las nuevas pruebas periciales realizadas ratificarán que "el proceder de los médicos de ENAIRE (antes AENA) fue el adecuado.
En Madrid, la Audiencia Provincial tiene que resolver sobre los escritos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal, por la defensa de los controladores y por las distintas acusaciones sobre el auto de transformación del juez en el que propone la imputación de 120 controladores del Centro de Control de Madrid, en Torrejón, y de la torre del aeropuerto de Barajas.
A principios de 2010, el conflicto entre controladores y Navegación Aérea se recrudece con el detonante de la aprobación de un decreto ley que devolvía al ente la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo y de un Real Decreto que limitaba su jornada laboral.
Su aprobación derivó en el cierre del espacio aéreo a raíz de las bajas causadas por controladores en sus puestos los días previos al puente de diciembre de 2010, lo que obligó al Ministerio de Fomento, liderado entonces por José Blanco, al cierre del espacio aéreo --con 16.000 pasajeros afectados--. El Gobierno decretó el estado de alarma por primera vez en España.
En 23 juzgados de toda España se abrieron causas contra los controladores por el supuesto 'plante', 20 ya archivadas. Quedan pendientes de resolución las causas abiertas en Madrid --donde el juez ve indicios de delito de sedición para 113 controladores aéreos y ocho miembros de la junta directiva de USCA-- y en Baleares.
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