Menorca

Oceana acusa a Autoridad Portuaria de eludir responder si el vertido de Maó se ajusta al Protocolo de Londres

Actualizado el 08/05/2013 16:27 Compartir

Oceana ha acusado este miércoles a Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de eludir responder si el vertido al mar de los lodos procedentes del dragado del puerto de Maó se ajusta al Protocolo de Londres.
La organización ha recordado que solicitó a APB esta información el 20 de marzo y el ente gestor del puerto de Maó tenía un plazo legal de un mes para demostrar que el proyecto cumplía con el Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar, el cual exige haber valorado opciones menos contaminantes antes de efectuar un vertido.
"No entendemos por qué la APB no nos ha entregado ya esta información", ha señalado el director ejecutivo de Oceana en Europa, Xavier Pastor. "Contemplar otras opciones menos impactantes que el vertido al mar del dragado de Maó es una obligación legal. Por ello, la APB debe contar con ese análisis en la actualidad y tiene que proporcionarlo a Oceana y a quien quiera solicitarlo, ya que se trata de información de carácter ambiental y además de interés para la salud pública", ha añadido.
Oceana ha remarcado que, según la Ley de libertad de acceso a la información ambiental, la administración pública tiene un mes para dar respuesta a este tipo de solicitudes. "Si esto no se cumple, se podría llevar el caso ante los tribunales", han señalado fuentes de la organización a través de un comunicado.
En concreto, Oceana solicitó la información relativa al 'Examen de las opciones de gestión de desechos', en el cual se tiene que demostrar que se han contemplado otras opciones de gestión menos impactantes que el vertido, como son la reutilización, el reciclaje, la destrucción de los componentes peligrosos y el tratamiento para reducir o retirar los componentes peligrosos.
La realización de este examen es obligatoria de acuerdo con el Protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras materias, que España ratificó en 2006.