Senadores del PP presentan un moción para combatir los abusos de turistas británicos en hoteles

Los senadores populares de Baleares, Miquel Ramis, Cati Soler y Santi Marí, han presentado este jueves una moción en el Senado para instar al Gobierno a utilizar medios diplomáticos y la Consejería de Turismo en Londres, para continuar luchando contra situaciones de abusos que se están produciendo por parte de turistas británicos en establecimientos hoteleros de la isla, donde reciben indemnizaciones por denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias.

"La realidad es que la legislación británica se lo pone fácil. Para realizar una reclamación falsa, al ciudadano británico le basta probar que ha comprado un fármaco. Luego eso se vista de informes médicos, muchas veces realizados meses después, y se reclama ante la justicia británica", explica Ramis, quien defenderá la moción en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Según el grupo popular en la Cámara Alta, esta situación está perjudicando "no solamente al sector turístico, sino a la Marca España en su conjunto". Y, citando el informe de la Asociación Británica de Agentes de Viaje (ABTA), denuncia que las reclamaciones por intoxicación alimentaria de los turistas británicos han crecido en un 131% con respecto al mismo periodo de 2015.

Estimaciones del sector turístico señalan que las peticiones británicas por supuestas intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles ascienden a más de 50 millones de euros. Los senadores entienden que se trata de falsas denuncias que, casi siempre, se canalizan a través de los mismos bufetes de abogado especializados en este tipo de demandas.

Y denuncian que personas británicas actúan de comerciales en las zonas hoteleras para persuadir y lograr potenciales clientes para estos despachos de abogados. La explicación a esta estafa hay que encontrarla en la reforma de la Ley Jackson de 2013, por el que se deja fuera del arbitraje de consumo las reclamaciones de servicios prestados fuera de Gran Bretaña.

"Hay que tener en cuenta que en el Reino Unido, el reclamante no tiene que acreditar la enfermedad, ya que el coste legal al que se enfrenta el reclamado en caso de exigir dicha acreditación suele ser mayor que la propia indemnización", añade el parlamentario popular.