Actualizado el 13/09/2022 13:10 Compartir
En comparación con los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es del 12,6% (9.016 millones de euros más). De esta forma, el crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales alcanza su máximo histórico en los últimos 15 años, en el acumulado enero-julio.
Así, el crecimiento de las cotizaciones supera en 2,1 puntos porcentuales el incremento del gasto en pensiones en el período enero-julio, contribuyendo con ello a reducir el déficit del sistema. En conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo, a 31 de julio de 2022, de 762 millones de euros. Esta cifra se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 108.448 millones de euros, que muestran un incremento del 7,6%, y obligaciones reconocidas de 107.686 millones, que crecen en un 3,8% interanual.
En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 107.231 millones de euros, con un incremento del 11,9% respecto al ejercicio anterior.
En estos siete meses, las cotizaciones sociales ascienden a 80.762 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2021 (6.377 millones de euros más).
Este aumento viene impulsado por la evolución de los ingresos por cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 9,9% hasta alcanzar los 75.914 millones de euros (6.833 millones de euros más) mientras que las cotizaciones de desempleados registran una disminución del 8,6% (456 millones de euros menos) como consecuencia del descenso del número de éstos.
Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 26.950 millones de euros, con un aumento del 4,3% interanual. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 24.083 millones (un 3,3% más). Este incremento tiene su origen, fundamentalmente, en las transferencias recibidas del Estado para el cumplimiento de la Recomendación primera del Pacto de Toledo 2020 (1.308 millones de euros más).
Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 101.304 millones, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2021. Esta cifra representa un 94,1% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.
La mayor partida, 93.106 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 4,3%.
En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se incrementa un 6,5% hasta los 82.529 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (0,8%), a la elevación de la pensión media (5,5%), así como a la revalorización general del 2,5% para las pensiones contributivas en cumplimiento de la nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.
Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 7.799 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se incrementan interanualmente el 13,7%, hasta alcanzar los 2.157 millones.
Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 8.198 millones de euros, un 6,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, motivado por la revalorización general del 3% para pensiones mínimas y no contributivas.
De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 5.508 millones (un 3,3% más), y a subsidios y otras prestaciones 2.690 millones, de los cuales 2.541 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 14,5% más respecto del año anterior, debido principalmente al incremento transitorio del 15% del importe del ingreso mínimo vital que se aplica desde el mes de abril.
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