PIMEM advierte que los precios de la vivienda son desorbitados, e inasumibles por parte de trabajadores

El Congreso de los Diputados votó en el día de ayer no convalidar el Real Decreto-Ley de Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, circunstancia que retrae a la situación anterior los nuevos contratos y por tanto desfavorece a los nuevos arrendatarios.

No obstante, desde PIMEM se advierte que loa precios de la vivienda son desorbitados, inasumibles en determinadas ubicaciones por parte de trabajadores y empresario, de manera que urge comenzar arbitrar una solución.

Desde la patronal se opina que la causa de dicha “burbuja” no se debe al alquiler turístico sino que la principal causa son los bajos tipos de interés. Esta circunstancia provoca una directa inflación de los bien inmuebles, los cuales son considerados como una inversión refugio que garantiza rentabilidad a corto plazo, lo cual, indirectamente, provoca que la mayor parte de bienes inmuebles esté centrado en el mercado de compra venta y no en el alquiler. Y, por ende, que la mengua de oferta de alquiler cada vez más inasumible para la oferta existente provoque un aumento constante.

En esta línea, desde PIMEM no coincidimos con la propuesta planteada de apostar por la limitación de precios como herramienta a de control, ya que tal circunstancia no haría sino incrementar la economía sumergida.

“La solución pasa por seguir el criterio del BCE y del Bundesbank: limitar el acceso a la financiación para la adquisición de inmuebles en función de la capacidad económica del adquiriente”, expone Jordi Mora. “Esta es la única solución viable a medio plazo”, asevera.

Criterio similar ha sido aplicado en 2018 por la reserva Federal de los EEUU, donde a raíz de una subida del 2,5% se han contenido el alza inflacionista del precio de los alquileres.

En todo caso se matiza que esta medida sería insuficiente para solucionar el problema a corto plazo, que pasa por aumentar la oferta pública y el alquiler social.

Por otra parte, desde PIMEM se considera muy positivo una medida que estaba reflejada en el Real Decreto Ley derogado, como es el establecimiento de gravámenes y penalizaciones a los grandes tenedores; por lo cual se anima a los distintos partidos política a seguir poniendo coto a la especulación por parte de los llamados fondos buitre.