Actualizado el 11/09/2025 15:08 Compartir
La reducción de la jornada que aprobó unilateralmente el Gobierno suponía una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva. Esta medida, promovida a espaldas de la Mesa de Diálogo Social, afectaba especialmente a las pymes, constituía una nueva subida de los costes laborales que se sumaba a las del SMI y las cotizaciones sociales, restando productividad a les empresas.
La economía de Baleares se basa en el sector servicios y hay un número muy importante de empresas que basan su actividad en la presencialidad. Eso unido a la falta de mano de obra tanto cualificada como no cualificada, que viene marcando los últimos ejercicios, hace que sea muy difícil (casi imposible en según qué sectores) adaptar la jornada en una regulación rígida e impuesta. La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando si hay margen de productividad y las necesidades organizativas del empleador.
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