El Govern reitera su oposición a la legalización del alquiler turístico de embarcaciones privadas y estudia todas las vías para impedir su aplicación en Balears

El Govern de les Illes Balears reitera su rechazo frontal a la autorización del alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas durante tres meses al año, una medida impulsada por el Ministerio de Transportes que entra en vigor mañana, miércoles 23 de julio, mediante resolución publicada en el BOE. No obstante, los nuevos despachos no podrán gestionarse hasta el próximo 15 de agosto, fecha en la que se hará efectivo el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima (RONM), actualmente en tramitación.

El Ejecutivo autonómico considera que esta decisión compromete la sostenibilidad del litoral, incrementa la presión sobre las zonas costeras y abre la puerta a nuevas actividades especulativas en aguas saturadas.

Desde el Govern se respeta la potestad del Estado para regular en el ámbito marítimo, pero se recuerda que cada territorio tiene sus particularidades y que deben ser tenidas en cuenta. La presión que soporta el litoral balear no es comparable a la de otros territorios peninsulares. Por ello, el Ejecutivo balear ya está analizando todas las vías jurídicas y administrativas a su alcance para impedir la aplicación efectiva de esta medida en la comunidad autónoma.

En esta postura, el Govern cuenta además con el respaldo de las principales patronales del sector náutico y de los clubes náuticos de las islas, que también han manifestado públicamente su preocupación por el impacto de esta medida y su oposición al alquiler turístico de embarcaciones privadas sin un marco regulador adaptado al territorio.

En este sentido, se recuerda que el Govern no autorizará esta actividad en los puertos de su competencia, en coherencia con el modelo de gestión del litoral que defiende: ordenado, seguro, sostenible y compatible con la conservación del entorno y el uso público del dominio marítimo-terrestre.

El Govern lamenta que una decisión de este calado, con implicaciones directas sobre la seguridad, la protección ambiental y el modelo turístico, se haya adoptado sin diálogo con las comunidades autónomas y sin valorar adecuadamente sus efectos sobre territorios especialmente sensibles como Balears.