El Consell de Mallorca se suma a la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio penal del Cas Peatges

El Consell se adhiere a la tesis de la Fiscalía y adjunta un anexo al escrito presentado que contiene los parámetros sobre los que la concesionaria y la institución insular tendrán que modificar la concesión por la gestión de la carretera Ma-15 Palma-Manacor . En virtud del acuerdo la concesionaria retirará a los Contenciosos Administrativos interpuestos en la Institución, por valor de entre 350 y 400 millones, y se aclara la interpretación del contrato hasta su finalización.

El Consell asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación que presentó hoy durante la primera jornada del juicio por el denominado caso Peajes. El escrito pide condenas para 8 de los 13 acusados, y la absolución por los otros 5.

Algunos de los acusados ​​han admitido la comisión de determinados hechos delictivos que se les imputaban en el transcurso de la instrucción, lo que ha determinado la evitación del juicio mediante la solicitud de una sentencia de conformidad que implica una condena por los delitos de cohecho y fraude a la Administración que suma un total de cuatro años y tres meses de prisión, y más de dieciséis años de inhabilitación con la consecuencia de la separación del servicio del único funcionario que está en activo. Los particulares imputados resultaron absueltos por motivo de prescripción.

La instrucción del juicio se ha alargado durante diecisiete años, lo que implica un atenuante por dilaciones indebidas, y ha venido marcada, entre otras circunstancias, por la discusión respecto de las periciales presentadas por las partes fundamentalmente referidas a la valoración de las obras de la vía. La cuestión de la valoración de las obras suponía la vinculación directo de este juicio con el régimen jurídico y económico de la concesión, en la medida en que la tarifa económica que paga anualmente el Consejo de Mallorca a la concesionaria viene determinada por distintos factores como es , entre otros, el valor de las obras.

Paralelamente a la instrucción de este proceso penal, la concesión de la carretera de Manacor ha comportado numerosas discrepancias en la interpretación del contrato entre la concesionaria y el Consell, que se han traducido en varios contenciosos abiertos contra la Institución insular en la que se solicitaban distintas cuantías que en total superan los cuarenta y cinco millones de euros y una nueva interpretación de la tarificación por el canon anual que podría suponer que la carretera, a la finalización de la concesión en el año 2042, tuviera un coste final de 955 millones de euros, alrededor de otros 400 millones de euros de lo que supondría el contrato vigente actualmente.

El acuerdo al que finalmente se ha llegado en el juicio penal, y que se incluye como anexo en el escrito presentado hoy por la Fiscalía Anticorrupción, supone la retirada de todos los juicios contenciosos interpuestos por la concesionaria de la Ma-15 contra el Consell de Mallorca y, al mismo tiempo, incluye la reordenación de la vida económica de la concesión de forma que se ajusta el precio final por debajo de los 500 millones de euros, lo que asegura el ahorro de casi 400 millones de euros.

El acuerdo alcanzado por el Consell de Mallorca, en el marco del procedimiento penal, además de asegurarse las condenas por las conductas delictivas más graves, consigue un reconocimiento del sobrecoste de la inversión inicial y la racionalización a la baja de los gastos de conservación y mantenimiento a cargo de la concesionaria, y esto se ha traducido, por primera vez en la vida de la concesión, en una reducción de tarifas, al tiempo que se devuelve a las condiciones originarias de la oferta de 2004 en cuanto a la previsión de tráfico del tráfico y el rendimiento esperado por la concesionaria.

El juicio del caso Peaje deriva de la construcción de la carretera de Manacor (años 2005 y 2006) que se articuló con la figura de la concesión mediante pago con la fórmula de “peaje a la sombra”. A raíz de su construcción se produjeron diversas actuaciones, por parte de responsables de la obra, funcionarios y cargos públicos y particulares, que originaron una querella de la Fiscalía por varios delitos como el cohecho y el fraude a la Administración, entre otros. La instrucción del caso se inició en 2009, y su tramitación se ha prolongado hasta la apertura del juicio oral fijada para este lunes, 13 años más tarde.