Actualizado el 31/01/2019 17:03 Compartir
El Servicio de Salud ha activado el protocolo para estos casos, que prevé asistencia sanitaria y apoyo jurídico y psicológico a los profesionales involucrados.
Hay que recordar que la reforma del código penal de marzo del 2015 considera autoridad a los sanitarios ante una agresión y prevé una condena de hasta cuatro años. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera delito de atentado por parte de los tribunales de justicia que han dictado sentencias en este sentido, con penas de uno a tres años de prisión.
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