La fiscal mantiene la petición de 17 años de cárcel para los tres acusados de estafar a un hombre con discapacidad

La Fiscalía ha mantenido este miércoles la petición de 17 años y medio de cárcel contra los tres hombres juzgados por estafar a un hombre con discapacidad y a su madre convenciéndoles para solicitar préstamos y finalmente hipotecar su casa.

Según la fiscal, "hay un engaño" porque las víctimas "no entendían lo que firmaban" y los acusados se fueron "ganando la confianza de los perjudicados".

Para la acusación pública, el hijo y su madre -que ya ha fallecido- "pusieron en peligro su casa sin entender realmente la magnitud de lo que estaban firmando", todo ello gracias a "un plan urdido por los tres acusados" en su propio beneficio.

La fiscal sostiene que el principal acusado "en el momento en el que vio a dos personas completamente vulnerables" llamó a otro de los acusados como suministrador de las operaciones y que el tercero "está detrás de todas las operaciones" prestando el dinero.

Ha destacado que en un plazo de seis meses el principal acusado consiguió que las víctimas formularan tres préstamos, el último de ellos por medio de la vivienda en la que residían. También ha defendido que los acusados sabían que las víctimas no iban a poder satisfacer en once meses el préstamo, de 105.000 euros, con pensiones mínimas.

Según la Fiscalía, el objetivo de este plan era quedarse el piso y repartirse los beneficios.

Por su parte, la acusación particular ha alegado que la víctima no supo que iba a perder su casa hasta que le llamaron del Juzgado para decirle que tenía que desalojar la vivienda porque se había subastado. En ese momento, ha indicado la letrada, el hombre pensaba que solamente se le habían prestado "pequeñas cantidades de dinero".

"Son préstamos que se realizan de forma usurera a personas fácilmente sugestionables", ha dicho la abogada de la víctima, que ha recordado que si hubieran perdido la casa "se hubieran encontrado en una situación muy vulnerable porque no tenían dónde ir".

La abogada ha dicho que el perjudicado es "una persona plenamente confiada" y que se le dio un "señuelo aderezado por la posibilidad de un trabajo que nunca se obtuvo".

También ha rechazado que se pueda aplicar la atenuante de dilaciones indebidas porque el retraso en la tramitación de la causa "no es imputable al Juzgado de Instrucción", ya que uno de los acusados "tardó mucho en comparecer en el Juzgado" y otro fue puesto en busca y captura.

LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Por su parte, las defensas han pedido la absolución al entender que no concurren los requisitos del delito de estafa y que no se ha probado "fuera de toda duda razonable".

El abogado del principal acusado ha acusado al denunciante de haber "montado una película con respuestas que tenía aprendidas" y cree que la prueba de cargo es "a todas luces insuficiente para tumbar la presunción de inocencia".

Otro de los letrados de la defensa ha argumentado que su representado ni siquiera conoce a las víctimas. Finalmente, otra de las defensas ha coincidido en que "más allá del reproche ético" no concurrirían los elementos del delito de estafa y ha negado que hubiera "ningún plan preconcebido" para "aprovecharse" de las víctimas.

LES CONVENCIERON PARA SOLICITAR PRÉSTAMOS

Los hechos tuvieron lugar en 2007. Según el escrito del fiscal, el principal acusado convenció a la víctima para solicitar varios préstamos, de los que el perjudicado sólo recibió una parte. Además, le prometió que le conseguiría un trabajo y consiguió que constituyera junto a su madre una hipoteca cambiaria sobre la vivienda en la que residían por un importe de 105.000 euros.

Ésta fue endosada al día siguiente a favor del segundo acusado, mediante un acuerdo previo con el tercero, que durante la instrucción se encontraba en paradero desconocido.

Según la acusación pública, los acusados cancelaron la hipoteca e interpusieron una demanda contra la madre de la víctima para exigir el pago de las deudas garantizadas, un total de 125.000 euros más intereses calculados a un 29 por ciento, interesando la subasta del inmueble.

En el momento de los hechos la víctima tenía reconocido un grado de discapacidad por trastorno mental del 67 por ciento. Por todo ello, el Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron "con pleno conocimiento" de que tanto la víctima como su madre "carecían de un mínimo conocimiento en relación a lo que se estaban obligando". Especialmente, que desconocían que de no cumplir podrían perder la vivienda en la que residían.

Además, la Fiscalía también recalca que los acusados eran conscientes de que madre e hijo eran incapaces de satisfacer la deuda de 105.000 euros con sus ingresos mensuales, que no alcanzaban conjuntamente los 700 euros.

Por lo anterior, el fiscal acusa a los dos hombres de un delito de estafa agravada recayendo sobre vivienda y con aprovechamiento de la credibilidad profesional. Se da la circunstancia agravante de que uno de los acusados es reincidente.

La Fiscalía pide, además de las penas de cárcel, multas entre 7.300 y 3.650 euros, y que los acusados indemnicen a las víctimas en y se declare la nulidad del préstamo constituido sobre la vivienda.