Baleares garantiza un mecanismo independiente y seguro para informar sobre posibles infracciones y casos de corrupción

El Consell de Govern ha acordado designar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., como canal externo de informaciones y autoridad independiente de protección de las personas informantes en la comunidad autónoma de las Illes Balears.

​​Este acuerdo permite que cualquier persona pueda comunicar, con todas las garantías de confidencialidad, seguridad y protección frente a posibles represalias, hechos que puedan constituir infracciones legales graves o muy graves, irregularidades administrativas o posibles casos de corrupción que afecten a la Administración autonómica o al sector público balear.

​​La medida da cumplimiento a la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y establece la obligación de disponer tanto de canales internos dentro de las administraciones como de un canal externo, gestionado por una autoridad independiente. En el caso de las Illes Balears, el sistema interno ya está en funcionamiento y, con este acuerdo, se completa el modelo con un canal externo plenamente operativo.

​​La Autoridad Independiente de Protección del Informante es un organismo estatal creado específicamente para garantizar la independencia en la gestión de estas comunicaciones y comenzó su actividad en septiembre de 2025. Mediante la suscripción del correspondiente convenio, el Govern de les Illes Balears asume los costes y posibilita su actuación como autoridad competente en el ámbito autonómico.

​El acuerdo aprobado tiene un carácter práctico y provisional, ya que permite ofrecer una solución inmediata y con todas las garantías mientras se analiza la viabilidad de crear, en el futuro, un canal externo y una autoridad independiente propios de la comunidad autónoma, o bien de atribuir estas funciones a algún organismo autonómico ya existente.

​​Con esta decisión, el Govern refuerza su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción, y garantiza a la ciudadanía que dispone de mecanismos reales y efectivos para denunciar irregularidades con plena protección.​