La jueza archiva la causa contra 22 controladores imputados por el cierre del espacio aéreo de diciembre de 2010

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Ana Cameselle, ha archivado la causa abierta contra 22 controladores por el abandono masivo de sus puestos de trabajo al inicio del puente de la Constitución de 2010 -los días 3 y 4 de diciembre-, que se saldó con el cierre del espacio aéreo. En su auto de sobreseimiento, la jueza considera que los hechos no son constitutivos de un delito de sedición por el que fueron encausados en el marco de estas investigaciones.

En concreto, las indagaciones iban dirigidas a averiguar si los controladores incurrieron en la comisión de este presunto ilícito, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

Sin embargo, en una resolución de 14 páginas, la magistrada en comisión de servicios alega que en este caso no se dan todos los elementos requeridos para este delito. De hecho, asevera que con motivo de la huelga masiva de los controladores "difícil resulta hablar de abandono en el sentido de apartamiento del lugar, de falta de disposición a las órdenes recibidas, de renuencia a su cumplimiento, de falta o suministro de explicaciones o de indisciplina".

Pese a reconocer el "concierto previo" que hubo entre la mayor parte de los imputados en actitud de protesta ante la esperada aprobación de un Real Decreto que iba a afectar a sus derechos, la magistrada considera que "estaríamos, a lo sumo, ante un abandono impropio u obstaculización", por cuanto en la gran mayoría de controladores que coincidieron en alegar sentirse indispuestos para poder estar al frente del servicio de control aéreo, "siguieron escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos y que se les iba indicando".

Así, recuerda, "avisaron a sus jefes respectivos de la indisposición, acudieron a los servicios médicos, rellenaron los formularios que se les presentaron al efecto (...) y, lo más importante, no abandonaron el centro o la torre, no se negaron abiertamente a controlar el tráfico, no desobedecieron órdenes de sus superiores y no se ausentaron hasta que les fue permitido, prorrogando en varios casos el turno a requerimiento de los jefes regionales de Navegación Aérea".

"Es obvio y no se le escapa a nadie que la situación fue buscada y propiciada por los propios controladores y que los estados de ansiedad, nerviosismo y estrés (...) fueron en ese momento exagerados, manifestados o revelados con el fin de lograr el objetivo pretendido, en virtud de lo acordado entre ellos y en actitud de protesta más o menos velada", subraya la jueza, quien no obstante asevera que el abandono de la forma en que se hizo "no es tal, por lo menos en la gran mayoría de los casos".

Así, concluye que "estamos ante un abandono impropio que no tiene cabida en el tipo objetivo del delito perseguido ni en otras figuras delictivas que se han barajado durante la instrucción.

Cabe recordar que fue sobre las 18.00 horas, el 3 de diciembre de 2010, cuando AENA comunicaba el cierre del espacio aéreo de Madrid y los aeropuertos de Barajas, Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca, ante las "bajas masivas" presentadas por los controladores aéreos en varias dependencias declarándose así "incapaces de prestar" el servicio y "abandonando su puesto de trabajo".

LOS CONTROLADORES NIEGAN HABER PROVOCADO "UN BOICOT"

Durante la instrucción de esta causa, los controladores que en las islas abandonaron sus puestos han coincidido en asegurar que su estado anímico les impidió hacer su trabajo y han negado que sus bajas constituyesen una huelga encubierta ni "ningún boicot".

En sus distintas comparecencias, los imputados han alegado así que debido a su "incapacidad psicofísica" se dieron cuenta de que no podían desarrollar su labor en condiciones normales, apuntando en este contexto a un estado de "nerviosismo" debido al decreto aprobado por el Gobierno central por el que se modificaban sus condiciones laborales, lo que les llevó a presentar su baja.

La actuación de los controladores provocó que más de 600.000 pasajeros resultasen afectados, unos 40.000 de ellos en Baleares. Uno de los perjudicados llegó a relatar ante el magistrado cómo estos hechos le impidieron volar desde Palma para viajar hasta Guadalajara, donde su madre se encontraba gravemente enferma y finalmente falleció sin que él pudiese estar a su lado.