SATSE denuncia la pérdida del poder adquisitivo en la sanidad privada

El mes de septiembre la patronal UBES y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el nuevo convenio de la sanidad privada, que estará vigente hasta 2023. SATSE se negó a firmar ya que lo consideraba precario y paupérrimo para los trabajadores.

El pasado lunes, 10 de enero de 2023, Carmen Planas, presidenta de la patronal UBES (Unión Balear de Entidades Sanitarias), en su acto de reelección se enorgulleció de la firma de dicho convenio y aseguró que este supone una subida salarial del 8% en los próximos dos años.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, asegura que el 0% de subida en 2021 y el 4% de 2022 supone una pérdida de poder adquisitivo del 10% para los trabajadores/as de la sanidad privada. Teniendo en cuenta que el IPC de 2021(6,5%) y de 2022 (estimado 6,5-7,5%) va a sumar previsiblemente un incremento de hasta un 14%, los trabajadores habrán perdido prácticamente una décima parte de su poder adquisitivo en tan solo dos años.

La formación sindical recuerda que no es una cuestión solo de salarios, sino que en este convenio, negociado y firmado exclusivamente por CCOO y UGT con la concesión de sendos liberados sindicales para estas organizaciones a cambio de la firma, no contine ninguna mejora ni evolución desde el convenio anterior. Tres años más sin reconocimiento del solape de jornada de las enfermeras, y sin ninguna mejora en conciliación de la vida familiar, permisos, jornada, movilidad, ni en ninguna de las condiciones laborales de las enfermeras y fisioterapeutas.

SATSE recuerda que los beneficios de la sanidad privada durante la pandemia han sido millonarios, y que se está recibiendo importantes cantidades procedentes de los presupuestos públicos teóricamente encaminados a la reducción de las listas de espera. El Sindicato advierte que los trabajadores están, sin embargo, en una situación cada vez más precaria y anuncia que durante este principio de año se retomarán las concentraciones y movilizaciones en los centros de la sanidad privada, así como la denuncia y la judicialización de determinadas condiciones de trabajo.