Proposición de Ley en las Illes Balears para dotar a los pactos sucesorios de una regulación “detallada, moderna y que evite confusiones”

Los grupos políticos con representación parlamentaria han registrado en la cámara autonómica una Proposición de Ley de Sucesión Paccionada o Contractual de las Islas Baleares, elaborada por el Consejo Asesor de Derecho Civil de las Islas Baleares, para dar respuesta a una “incontestable realidad jurídica y social en nuestra Comunidad Autónoma, como es el progresivo incremento de la celebración de pactos sucesorios”, tal y como ha expresado el presidente de este órgano consultivo en rueda de prensa, Bartomeu Bibiloni.

"El pacto sucesorio es uno de los negocios jurídicos cuyo otorgamiento ha experimentado una importante implosión, de forma que puede decirse que se ha convertido en un fenómeno social", ha destacado Bibiloni, recordando que no están reconocidos en todas las legislaciones civiles españolas. Cabe recordar que únicamente en Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón y las Islas Baleares lo están.

El presidente del Consejo Asesor también ha defendido, asimismo, esta figura jurídica porque “responde a la necesidad de satisfacer un anhelo de muchos ciudadanos de avanzar su sucesión en favor de los hijos o de otros familiares cercanos sin tener que esperar en el momento de su muerte, planificando la sucesión y anticipando la adquisición hereditaria”, un extremo que se ha visto incrementando por “la mayor esperanza de vida de las personas y el problema de la vivienda”.

En cuanto a la estructura de la ley, es importante señalar que la propuesta sigue el criterio de separar la regulación de los pactos en dos títulos distintos, en función de la aplicabilidad por islas. Por un lado, Mallorca y Menorca, y por otro, Ibiza y Formentera.

La razón de esta regulación independiente atiende a la idiosincrasia de cada una de estas islas respecto al Derecho Civil propio, ya que existe una importante diferencia en la forma de resolver los problemas en los diferentes derechos civiles locales, así como en su peculiar tradición a la hora de utilizar los distintos pactos.

Objetivos de la Proposición de Ley

Esta normativa pretende establecer unos criterios claros a la hora de regular esta figura jurídica y evitar confusiones cuando se lleva a la práctica, especialmente frente a la diversidad legislativa existente en todo el Estado y, también, por el incremento de las relaciones internacionales con implicaciones en el tema hereditario, puesto que no se puede obviar que las personas extranjeras residentes en las Islas Baleares también tienen reconocida la posibilidad de utilizarla.

El principal objetivo de esta proposición de ley es presentar una regulación "detallada, moderna y que dé respuesta a estas necesidades antes mencionadas", pero también poner en valor el Derecho Civil de las Islas Baleares, considerado hasta ahora como de "segunda categoría" por la parquedad de su contenido, por lo que el Consejo Asesor se ha propuesto “colocar nuestro Derecho Civil en el lugar que le corresponde”.

Asimismo, con esta iniciativa se busca ofrecer una ley pionera en todo el territorio estatal, porque aunque los pactos sucesorios se regulan en las compilaciones o códigos civiles de cada Comunidad Autónoma, lo que se pretende con esta ley es presentar un texto independiente que, de igual modo que puede ocurrir con otras normas, permita presumir de contar con una normativa adecuada a la realidad social del momento.

Por otra parte, se quiere facilitar la labor de los tribunales que se han visto obligados a resolver muchos casos sin contar con una norma que les sirva de apoyo, explica Bibiloni, quien añade que esta ley servirá para “evitar interpretaciones, a veces demasiado literales, a la hora de liquidar los impuestos sobre los pactos sucesorios”. De este modo, “no sólo no mermará la recaudación de la Administración tributaria sino que seguramente se verá incrementada por el mayor número de otorgamientos que se realicen con la nueva ley”.

El Consejo Asesor de Derecho Civil de las Islas Baleares

El Consejo Asesor de Derecho Civil de las Islas Baleares es órgano permanente de consulta y asesoramiento del Parlamento y del Gobierno de las Islas Baleares en materia de Derecho Civil en nuestra comunidad autónoma. Una de sus funciones es elaborar propuestas legales en cuestiones que consideran de especial relevancia para nuestro derecho, y es precisamente esta Proposición de Ley, firmada conjuntamente con todos los grupos que tienen representación en la cámara balear, responde a esta pretensión.

Esta propuesta cuenta con el informe favorable del Consejo Asesor del Derecho Civil propio de Eivissa y Formentera.