Actualizado el 23/06/2022 14:09 Compartir
La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha defendido este jueves las necesidades de las Illes Balears para la reforma del sistema de financiación autonómica durante su participación en Santiago de Compostela en la 10ª edición de las Jornadas sobre finanzas autonómicas organizada por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera (RIFDE) y la Universidad de Vigo, que se celebran entre el miércoles y el viernes y cuentan la participación de responsables políticos, analistas y expertos académicos de instituciones y universidades.
El Govern de les Illes Balears mantiene la reclamación de avanzar hacia un futuro modelo de financiación autonómica, tal como ha manifestado la consellera Rosario Sánchez en las jornadas, en las que ha expuesto las principales propuestas de las islas en este ámbito, en relación, entre otros, al cálculo de la población ajustada, uno de los elementos del sistema de financiación que ya ha sido objeto de debate y propuestas entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas de régimen común. También asiste a las jornadas el director general de Financiación, Xisco Oliver.
La consellera Rosario Sánchez ha manifestado que el debate e intercambio de propuestas sobre el concepto de la población ajustada ha supuesto “un primer paso a valorar” de cara a poder iniciar “un debate más global y amplio” entre el ministerio y los gobiernos autonómicos para la negociación del futuro sistema de financiación, teniendo en cuenta, además, que el actual modelo, vigente desde 2009, se encuentra pendiente de revisión desde 2014, hace ya ocho años.
Además, ha defendido que las comunidades han demostrado “responsabilidad” en la gestión de los recursos durante la crisis provocada por la COVID o en el actual escenario derivado de la invasión de Rusia a Ucrania y que existen “puntos de acuerdo” entre las comunidades de cara a la reforma del modelo de financiación, como es la necesidad de contar con una mayor aportación de recursos a las comunidades ante la “asimetría vertical” entre la Administración general del Estado y las comunidades, ha dicho la consellera, quien ha intervenido en las jornadas en una mesa junto con la directora del Instituto de Estudios Fiscales, Cristina García-Herrera.
En relación con la población ajustada, las Illes Balears reclaman la inclusión de los costes derivados del peso de la población flotante y del incremento de la población, para tener en cuenta la carga real de población a la que se prestan servicios públicos, y la consideración de las diferencias de precios entre comunidades autónomas –por ejemplo los precios de la vivienda y el suelo- para la provisión de servicios públicos, así como una mejora y redistribución de la variable de la insularidad, tal como ha recordado la consellera y se trasladó en las alegaciones presentadas por el Govern.
En las Islas, como ha expuesto la consellera Rosario Sánchez, el fenómeno de la población flotante (turistas, trabajadores de temporada y personas con segundas residencias) tiene un marcado carácter estacional y provoca que la población casi se duplique los meses de julio y agosto. Además, se combina con otro factor muy significativo las últimas décadas y que se proyecta de cara al futuro: el incremento continuado de la población en las Illes Balears, que ha duplicado el aumento experimentado en el conjunto de España los últimos 20 años.
El Govern defiende que “este es un reto demográfico que se tiene que afrontar”, como un desequilibrio en el sentido opuesto al que se produce por la despoblación en otros territorios. “El crecimiento de la población genera efectos diferentes al de la despoblación, pero no menos significativos, en cuanto a la provisión de servicios y a su sostenibilidad económica y medioambiental, puesto que obliga en las comunidades a hacer un esfuerzo en su capacidad instalada para adaptar las infraestructuras”, ha manifestado la consellera.
Además, durante su intervención en las jornadas, Rosario Sánchez ha incidido en otras cuestiones sobre el posicionamiento de las Illes Balears de cara a comenzar un debate y una negociación más global sobre la futura reforma del sistema de financiación y ha reiterado la defensa de que se tiene que avanzar hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, como reclama el Govern.
Asimismo, defiende que el futuro modelo tiene que permitir a las comunidades incrementar la autonomía fiscal –la cual no es incompatible con evitar una competencia fiscal que perjudique al conjunto- y asumir una mayor responsabilidad fiscal y tributaria, sin renunciar a la solidaridad entre territorios; y que incorpore el principio de ordinalidad, para que la comunidad pueda recibir un nivel de recursos del orden del que aporta.
Las Illes Balears, ha recordado la consellera, también defienden otros aspectos, como un reequilibrio vertical de recursos entre el Estado y las comunidades, para plantear una mayor aportación de recursos a las comunidades y garantizar la suficiencia de financiación de los servicios públicos; y una condonación o compensación de la deuda pública generada por un aumento de las necesidades de gasto superiores a los recursos de las comunidades y por la infrafinanciación, proveniente sobre todo del modelo anterior aprobado en 2002.
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