Aprobada la iniciativa de Unidas Podemos para acabar con las retribuciones que reciben las centrales eléctricas

El Pleno del Parlament ha dado hoy luz verde, a propuesta de Unidas Podemos, instar al Gobierno del Estado a aprobar un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben algunas centrales que ya están amortizadas. Una medida que según ha defendido en Comisión el portavoz y diputado de la formación, Alejandro López, “es obsoleta ya que muchas están amortizadas y esta retribución les supone un beneficio caído del cielo”.

López ya defendió esta propuesta en la Comisión de Economía del Parlament, en el marco del debate de la Proposición no de Ley (PNL) sobre medidas urgentes sobre la subida del precio de la luz y del gas, una iniciativa que fue aprobada en su totalidad, pendiente de resolver el empate del punto que hoy también ha sido aprobado en el Pleno.

Alejandro López ya incidió en la Comisión que “se sigue considerando la energía como un bien comercial y no como un bien de primera necesidad, un bien esencial” y ha añadido que eso implica que “a día de hoy la pobreza energética, por desgracia, cada vez está más extendida en los hogares, tanto en España como aquí en Baleares“.

En concreto, la PNL de Unidas Podemos insta a crear una comercializadora pública de energía estatal, tal y como se hará en Baleares a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), como herramienta de lucha efectiva contra la pobreza energética. Por un lado, la iniciativa insta al Govern Balear a constituir la Mesa para la Lucha contra la Pobreza Energética y a impulsar un plan de formación e información a la persona consumidora doméstica para que comprenda sus facturas.

Por otro lado, se insta al Gobierno del Estado a reformar el bono social eléctrico y a crear el bono social gasista; a congelar las tarifas a diciembre de 2020; reformar el mercado eléctrico, recuperar la gestión pública de las hidroeléctricas, reducir el coste de la parte fija de la factura, desarrollar certificados energéticos, aumentar la lucha contra la corrupción y realizar una auditoría de los costes.