Actualizado el 10/08/2020 13:35 Compartir
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley, a través de su portavoz adjunto, Toni Costa, en la que rechaza el acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Nación y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la cesión de remanentes e insta a los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a derogar el Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, al considerar “totalmente injusta la confiscación de los recursos de los ahorros de los ayuntamientos de las islas”.
En este sentido, la iniciativa del PP insta al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las Leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y a flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería generado en 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19.
De este modo, el superávit de los municipios se podrá destinar a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación del Plan Económico Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso de remanente de tesorería para Gastos Generales (RTGG).
Además los ‘populares’ exigen al Gobierno que abone de forma inmediata las cantidades que se deben a las entidades locales correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017, así como la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte público y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Los mencionados fondos tienen que ser independientes y no tienen que estar vinculados a la cesión de remanentes.
Asimismo, la PNL registrada por el Grupo Popular insta al Gobierno central a transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto de la COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios y a prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las inversiones financieramente sostenibles, financiadas con cargo al superávit del 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en el 2020.
En este sentido, la iniciativa del PP insta al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las Leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y a flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería generado en 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19.
De este modo, el superávit de los municipios se podrá destinar a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación del Plan Económico Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso de remanente de tesorería para Gastos Generales (RTGG).
Además los ‘populares’ exigen al Gobierno que abone de forma inmediata las cantidades que se deben a las entidades locales correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017, así como la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte público y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Los mencionados fondos tienen que ser independientes y no tienen que estar vinculados a la cesión de remanentes.
Asimismo, la PNL registrada por el Grupo Popular insta al Gobierno central a transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto de la COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios y a prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las inversiones financieramente sostenibles, financiadas con cargo al superávit del 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en el 2020.
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