Aprobada una iniciativa de El Pi para evitar prácticas bancarias abusivas en la concesión de liquidez a empresas y autónomos

El Parlament de las Islas Baleares aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario El Pi - PROPUESTA POR LAS ILLES BALEARS que instaba al GoBernat de las Islas Baleares, el del Estado y el Banco de España a controlar que, en la concesión por parte de entidades financieras de los créditos y de las líneas de liquidez a empresarios y autónomos con motivo de la crisis de la Covid-19, se cumpla escrupulosamente la normativa aplicable y que no se produzcan abusos por parte de las entidades implicadas.

Asimismo, la Comisión de Salud aceptó reclamar al Ejecutivo autonómico que- mediante la Dirección General de Consumo- vigile las compañías financieras para que, en el caso de detectar prácticas abusivas que perjudiquen los derechos de los consumidores y usuarios, se adopten las medidas legales que correspondan de acuerdo con la Ley 7/2014 de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Islas Baleares; especialmente, el inicio de expedientes sancionadores a las entidades infractoras y la publicidad de aquellas que no cumplan la regulación existente.

El Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covidien-19 establece una garantía de liquidez para sostener la actividad económica, creando una línea de avales para empresas y autónomos y ampliando el límite de endeudamiento neto del ICO. Los créditos y las líneas de liquidez avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se tramitan y obtienen a través de las entidades financieras. Similar funcionamiento tiene el mecanismo de liquidez desarrollado por el Gobierno de las Islas Baleares a través del ISBA. Desde la puesta en marcha de estas herramientas de liquidez, empresarios y autónomos han denunciado algunas prácticas bancarias que podrían ser incorrectas: vinculación de la concesión a la contratación de productos complementarios, intereses abusivos, exigencias de garantías personales, refinanciación de créditos que no tienen ninguna relación con la situación generada por la Covid-19, ingreso del dinero muchas semanas después de la formalización de la operación, etc.

Según la vicepresidenta y portavoz de El Pi en el Parlamento de las Islas Baleares, Lina Pons, "los consumidores tienen derecho a exigir la calidad, la idoneidad y la conformidad de los productos establecidos en los contratos y la normativa aplicable".