Aprueban el Decreto Ley que permitirá acelerar la construcción de VPO de alquiler

El Parlamento de las Illes Balears ha validado hoy, constituido en Diputación Permanente, el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado día 28 de febrero.

El objetivo del Decreto Ley que hoy ha aprobado el Parlamento es poder disponer de instrumentos que permitan incrementar el parque de vivienda de protección oficial de gestión pública, facilitar la entrada en el mercado de viviendas a precios asequibles y también afrontar las situaciones de mayor vulnerabilidad en el acceso a la vivienda.

El consejero Marc Pons ha recordado que el Decreto Ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que estallase la crisis provocada por el coronavirus y de que se decretase el estado de alarma en que ahora nos encontramos. En este sentido, ha destacado que la defensa del Decreto Ley llega de una manera muy diferente a la que se había previsto y con una propuesta que ahora se convierte en un punto de partida imprescindible, en una norma a la que deberán seguir necesariamente otras medidas para afrontar el contexto agravado en que nos encontramos a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Ha explicado también el consejero que era imprescindible culminar el trámite parlamentario de aprobación del Decreto Ley, una norma que aporta medidas muy necesarias para abordar la problemática del acceso a la vivienda, y que "es evidente que el durísimo e inesperado presente que vivimos nos obligará a profundizar, repensar y redoblar esfuerzos para poder proponer más medidas que nos ayuden a dar respuestas a situaciones todavía más graves".

Durante su intervención, el consejero ha recordado que es el trabajo realizado en la pasada legislatura (con la aprobación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, y la planificación e inicio del desarrollo del Plan de Construcción de VPO) el que permite, con el Decreto Ley, ir sumando y reforzando caminos ya iniciados, así como introducir nuevos derechos y procedimientos, y también nuevas medidas y fórmulas de colaboración con el sector privado y los colegios profesionales, para atender las necesidades de la ciudadanía en materia de vivienda.

Ha advertido el consejero que las dificultades en el acceso a la vivienda afectan a los sectores de población más desfavorecidos, pero no únicamente a estos. Se extienden cada vez más entre la clase media, al no existir un mercado, ni de compra ni de alquiler, asequible para buena parte de la sociedad, de manera que la problemàtica de la vivienda es onvierten la problemática de la vivienda debe abordarse de manera transversal.

Por ello ha defendido Marc Pons ante el Parlamento que el Decreto Ley plantea la adopción de nuevas medidas extraordinarias —y que complementan las existentes en estos ámbitos— orientadas a dar una respuesta rápida y efectiva que permita ampliar la oferta de viviendas de protección pública en régimen de alquiler de manera mucho más rápida; fomentar la construcción de alojamientos dotacionales para dar una respuesta transitoria a las necesidades habitacionales, así como poner en el mercado vivienda asequible y forzar el cumplimiento de la Ley de la vivienda de las Illes Balears.

El consejero ha destacado como medidas principales del Decreto Ley las siguientes:

— Amplía el derecho de tanteo y retracto a favor del Gobierno, de forma que podrá adquirir de forma preferente VPO, suelo y las viviendas implicadas en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que las viviendas procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago.

— Incorpora más facilidades para construir vivienda dotacional (alojamientos temporales para situaciones de dificultad y para determinados colectivos) porque se podrán construir en suelo destinado a equipamientos.

— Establece nuevas fórmulas para implicar la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección oficial. Se incluye la cesión de suelo público a personas físicas o jurídicas para la construcción de vivienda de protección oficial de alquiler con fijación de precios máximos y regreso a la Administración de las viviendas en un plazo de cincuenta años.

— Define mecanismos para ganar agilidad administrativa. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno podrá aprobar la construcción de un proyecto si en dos meses no se ha contestado la petición de licencia.

— Permite que los colegios profesionales colaboren con la Administración para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas.

— Obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

— Fija un régimen único de VPO con el objetivo de disponer de vivienda más asequible.

—Introduce sanciones para perseguir la publicidad y la comercialización de infraviviendas.