Política

MÉS propone elaborar una iniciativa para abolir el impuesto feudal de alodio ('alou')

Actualizado el 01/12/2013 08:24                Compartir

MÉS ha registrado una proposición no de ley en el que propone encomendar a la comisión asesora de Derecho Civil de Baleares elaborar una propuesta de abolición de las figuras del alodio y el censo enfitéutico a perpetuidad en Mallorca, impuestos feudales que datan del siglo XIII y que continúan vigentes.

La propuesta del grupo parlamentario califica estas figuras del derecho civil mallorquín, basadas en la distinción entre el "dominio directo" y el "dominio útil", de "anacronismo feudal".

El pasado miércoles, un matrimonio mallorquín afectado por el impuesto del alodio, entregó en el Parlament balear más de 12.000 firmas en favor de la abolición del mismo.

El diputado Antoni Alorda explica en una nota que la iniciativa recoge la petición ciudadana del matrimonio, y califica estas figuras impositivas de "auténticas momias jurídicas".

El alodio ("alou" en catalán) vigente en Mallorca y Cataluña, procede del derecho romano y es una carga sobre viviendas o solares por la que los descendientes de familias de la antigua nobleza pueden reclamar el pago de un laudemio de hasta un 2 % por cada trasmisión de la propiedad u operación de compraventa de viviendas o parcelas que estén dentro de lo que tiempo atrás fueron tierras feudales.

El censo enfitéutico es un derecho real que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de un canon y de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio, en su caso.

El diputado recuerda que la modificación de esta figura aprobada en 2010 "fue un avance, pero resulta insuficiente", ya que "las exigencias registrales que impone aquella reforma limitarán el número de alodios supervivientes".

La iniciativa de MÉS apunta que la abolición de las figuras del alodio y del censo enfitéutico pueden prevenir las normas transitorias para estos impuestos vigentes a fin de que en ningún caso la abolición comporte responsabilidades patrimoniales de la Administración Pública.


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