Actualizado el 09/10/2025 18:17 Compartir
La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha calificado el informe del Govern como "indulgente y que no trata a todos los funcionarios por igual"; para Cladera supone la confirmación de la actitud repetida de Riera, que ha huido en repetidas ocasiones de su puesto de trabajo durante los primeros 18 meses de legislatura, para desempeñar tareas políticas que no están contempladas dentro de las calificadas por la ley como “deber inexcusable”. La socialista ha recordado cómo la consejera de Presidencia de Prohens retrasó deliberadamente la incoación del expediente sancionador, que fue iniciado por la nueva responsable de Función Pública del Gobierno, Catalina Cabrer, casi 6 meses después del inicio de las investigaciones. Hoy, por cierto, Cabrer ha tenido que hablar de ese expediente en una comparecencia en Comisión del Parlament.
Cladera ha criticado el encubrimiento de Riera que hacen Prohens, Galmés y las consejeras del Govern, Estarellas y Cabrer: "toda esta situación no se hubiera producido si Galmés hubiera tomado medidas desde el principio", y ha instado a explicar el acuerdo oculto por el que el presidente del Consell "pactó con Riera subirle el salario de". Cladera se ha preguntado por la diferente actitud que ha adoptado Galmés en dos casos similares, cuando destituyó a la consejera de Hacienda Pilar Bonet cuando se supo su implicación en un caso de desfalco a una empresa privada que se ha confirmado con sentencia firme recientemente, pero en cambio mantiene a Riera, cuando ha quedado acreditado que cobra un salario público.
Cladera se ha referido a la incongruencia del Govern, que mediante la consellera Cabrer se parapeta tras la prescripción de muchas de las ausencias laborales de Riera, pero que admite que tendrá que cambiar los protocolos que aplica por el reconocimiento de los marcajes de los funcionarios que se han demostrado insuficientes en el caso de la portavoz del PP en el Consell.
El PP rechaza las medidas de los socialistas por la mejora de la situación de acceso a la vivienda para los colectivos vulnerables de Mallorca
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Consejo de Mallorca, Sofía Alonso, ha defendido una moción para abordar la crisis de vivienda que afecta gravemente a cerca de 125.000 ciudadanos en Mallorca. Propone impulsar la creación de una oficina de vivienda real, que asesore y proteja a las personas vulnerables, en lugar de criminalizarlas. "Se pone en riesgo la salud física y mental de los colectivos más vulnerables; esta situación sólo se puede revertir si se toman medidas, y ustedes que ahora gobiernan son insuficientes por que no combaten la especulación inmobiliaria, territorial y de falta de planificación", ha afirmado Alonso.
Ampliar los recursos residenciales temporales y de urgencia, especialmente para familias con niños, mayores o dependientes. Combatir el alquiler ilegal y la especulación inmobiliaria, con inspecciones y sanciones a los propietarios que incumplan la normativa. Declarar Mallorca como zona de mercado residencial tensionado, por limitar los abusos en los precios del alquiler. E impulsar la promoción de vivienda protegida, que ha sido abandonada por el gobierno actual. Todas estas medidas que se contemplaban dentro de la iniciativa del Grupo Socialista han sido rechazadas por el carrete PPVox.
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