Validado en el Parlament el decreto ley con medidas para reducir la temporalidad en la administración pública

El Parlamento de las Islas Baleares ha validado el Decreto ley con nuevas medidas para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas de las Islas Baleares, en cumplimiento de la Ley estatal 20/2021. Por parte del Govern, lo ha defendido la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.

La ley de interinos estatal marca a todas las administraciones públicas la reducción del número de interinos en la ocupación pública por debajo del 8 % antes del 2024. «Un objetivo que en Baleares cumpliremos dentro del plazo establecido y tal como marca la normativa. Incluso, en algunos casos, como los servicios generales de la Comunitat Autónoma, iremos más allá y dejaremos la temporalidad al 0 %», ha avanzado Garrido, la cual ha asegurado que «se trata de un objetivo ambicioso, pero totalmente asumible».

Para cumplir el hito marcado, el Govern estabilizará más de 10.000 plazas entre Salud, Educación y servicios generales, lo cual supone «el proceso de estabilización más grande que se ha emprendido nunca en estas islas, con una meta muy clara: fortalecer los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía», ha dicho la consejera.

Garrido ha anunciado la posibilidad que el proceso de estabilización esté finalizado antes del 31 de diciembre de 2023, dado que «la oferta de ocupación pública de las 10.000 plazas se publicó antes del 1 de junio y las convocatorias del proceso estarán publicadas antes de día 31 de diciembre de este año».

La consejera ha destacado el alto grado de consenso de las medidas que incluye el Decreto ley, porque las baremaciones, las bases y los criterios del proceso se han acordado con un 91 % del apoyo sindical, los cuatro consells insulares, 49 ayuntamientos y 10 entes autónomos municipales.

A esto se añade el hecho que «desde el Govern hemos mantenido un diálogo constante con los sindicatos representados en nuestra mesa de negociación y hemos buscado en todo momento implementar medidas concretas para que no se vuelvan a producir situaciones de abuso de temporalidad». Fruto de este diálogo son las medidas de modificación de la Ley de función pública y de los decretos que la despliegan, con iniciativas como el concurso de traslados permanente o la promoción interna, las cuales fueron aprobadas por unanimidad en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma el pasado mes de mayo por CCOO, UGT, STEI, CSIF, USO Y SINTA.

Al mismo tiempo, ha explicado la consejera, «también nos hemos marcado el objetivo que el acceso a la función pública de la Comunidad Autónoma se haga de manera continua, con convocatorias de procesos de acceso anuales». De este modo, las ofertas públicas de la Comunidad Autónoma del 2019, 2020 y 2021 se regirán por los criterios ordinarios, tal como se acordó también con el apoyo unánime de los sindicatos.

En cuanto a las plazas que van por la vía de concurso oposición, el examen será tipo test, y contará un máximo del 60 % en la nota final, con un valor máximo de 60 puntos, que se superará si se obtiene un mínimo de 21 puntos. Las respuestas erróneas no descontarán.

La parte de concurso tendrá un valor máximo del 40 % de la nota total, con un máximo de 40 puntos que se dividirán de la manera siguiente:

• Hasta 32 puntos por la experiencia profesional, con una puntuación mayor para las personas que han prestado servicios en el mismo cuerpo o escalera de la misma administración para la cual se presenten (en concreto, dos veces y media más).
• Un máximo de 8 puntos por otros méritos, como por ejemplo la formación académica, los cursos de formación, los conocimientos de lengua catalana o la superación de exámenes en convocatorias anteriores para acceder al cuerpo, la escalera o la categoría.

Por otro lado, en las plazas que se ofrezcan por la vía de concurso de méritos, se podrá obtener una puntuación máxima de 100 puntos, que quedarán divididos de la manera siguiente:

• Hasta 45 puntos por la experiencia profesional, con una puntuación más grande para las personas que hayan prestado servicios en el mismo cuerpo o escalera de la misma administración para la cual se presenten (en concreto, dos veces y media más).
• Hasta 55 puntos por otros méritos, como la superación, en convocatorias anteriores, de exámenes para acceder al cuerpo, escalera o categoría; por formación académica, cursos de formación o conocimientos de lengua catalana.

La consejera también ha hecho referencia al catalán, y ha asegurado que «con este Decreto ley, el catalán continúa siendo un requisito para las personas que quieran acceder a la función pública».

De este modo, Garrido ha especificado que se prevé una moratoria de dos años para los trabajadores y trabajadoras interinos que en su momento no tuvieron que acreditar el catalán como requisito. Ahora tendrán dos años para hacerlo sólo si se presentan en la misma plaza y a la misma institución por la cual trabajan ahora.

En definitiva, ha explicado Garrido, «nadie trabajará en la Administración pública si no tiene acreditado el nivel que se requiera de lengua catalana, porque esto también supone dar un servicio público mejor».

La consecuencia de no acreditar este requisito en estos dos años será la pérdida del puesto de trabajo. «Porque no queremos que esta excepción se acabe extendiendo en el tiempo, y tampoco queremos que la moratoria se interprete como una excepción a la exigencia del catalán», ha insistido Garrido.

El Decreto ley también regula las bolsas preferentes de personal interino resultantes de este proceso. Para el sistema de concurso oposición se hará una bolsa preferente con las persones aspirantes que hayan obtenido 5 puntos en la fase de oposición. En el sistema de concurso de méritos, sólo cuando en estas plazas no haya convocatoria por concurso oposición se confeccionará una bolsa preferente con los aspirantes que hayan obtenido 10 puntos.

Otro de los aspectos fundamentales del Decreto ley que ha destacado la consejera es la seguridad jurídica que tiene la normativa. «Es precisamente gracias a la tarea de trabajo conjunto entre sindicatos e instituciones que hemos encontrado la fórmula adecuada para cumplir la ley estatal, para tener en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que esto nos permita reducir la temporalidad en un tiempo récord».

Finalmente, Garrido ha concluido que «estamos ante una buena solución a la temporalidad, que se hace junto con los sindicatos de estas islas».

Modificación de la Ley de coordinación de las policías locales

Más allá de la reducción de la temporalidad, el Decreto ley incluye dos novedades más. En primer lugar, la modificación de la coordinación de las policías locales y la de su reglamento, para agilizar la selección y la formación de nuevos policías locales.

Así, la Escuela Balear de Administración Pública asumirá las competencias para convocar y hacer las oposiciones para acceder a la categoría de policía local, por parte de los ayuntamientos que se las deleguen.

En este sentido, el EBAP hará una convocatoria de oposiciones unificada para todas las islas el segundo semestre de cada año, por lo cual antes de día 1 de julio los ayuntamientos tendrán que aportar las plazas de policías que tengan para llevar a cabo esta convocatoria.

Esta modificación se aprobó por unanimidad en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, en la cual hay representadas todas las policías locales de las Islas Baleares, y da respuesta a una demanda de los ayuntamientos. Además, con este nuevo sistema se pretende que, en el margen de un año, se pueda intensificar el aumento de efectivos de policía local en las calles de las Islas Baleares: seis meses para iniciar de oficio los procesos selectivos de los ayuntamientos que hayan cedido al EBAP su competencia y seis meses más para hacer el curso de capacitación.

En segundo lugar, se simplifican y se amplían los plazos en relación con las medidas ya vigentes para la revisión de contratos públicos, ante la escalada de precios, para compensar las empresas contratistas de la Administración, adoptadas por el Govern mediante el Decreto ley 4/2022, de medidas urgentes para paliar los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

Por lo tanto, se amplían los plazos para poder aplicar estas normas excepcionales, de forma que incluyan los contratos con anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público antes del 30 de septiembre de 2022.

También se aclara el punto relativo a la variación de los precios de los materiales, fijada en un aumento de más de un 6 % respecto de los costes previstos en el contrato, y se adecúa el índice de referencia que hay que tener en cuenta en estos casos, el cual será el índice ponderado de costes de la construcción por tipología de obras que elabora el Ministerio de Transportes, Mobilitat y Agenda Urbana, y también de la energía.