Actualizado el 02/08/2020 07:49 Compartir
El grupo de VOX se ha reunido con representantes de los sindicatos CSIF, CEP, SUP, SPP, JUPOL entre los que se encuentran trabajadores de prisiones, Policía Nacional, Justicia, Aduanas, Agencia Tributaria y Justicia, y de la Asociación de Trabajadores de Instituciones Penitenciarias “Tu abandono me puede matar”. De entre todos los problemas expuestos por los funcionarios, es especialmente grave el del alojamiento en Ibiza. En el caso de Prisiones, las viviendas de la cárcel de Ibiza destinadas a los funcionarios y sus familias han sido reconvertidas en oficinas y los pocos pisos que se han conservado se han otorgado a los mandos del centro. Los funcionarios de Prisiones deben afrontar la imposibilidad de encontrar una vivienda digna con un plus e singularidad de 65 euros al mes.
“Si alguien cree que un trabajador puede compensar la doble insularidad y el precio de la vivienda en Ibiza con 65 euros al mes es que o no sabe nada o no tiene vergüenza. 65 euros al mes para un funcionario mientras los asesores y altos cargos del Gobierno cobran un plus de insularidad de 22.000 euros al año. La consejera de Agricultura, la podemita Mae de la Concha cobra 28 veces el plus de un funcionario de Prisiones por el mismo concepto. Se le pueden poner muchos calificativos, el más suave es decir que es un insulto”.
Entre otros problemas denunciados se encuentra la insuficiente equipación y medios. Los cacheos que se practican no se realizan con guantes de seguridad o antipunción sino con guantes de jardinería. El problema de la vivienda, de la equiparación salarial y de los pluses de insularidad es común al resto de funcionarios del Estado. Es un hecho que buena parte de ellos llegan de otras partes del país para servir en Ibiza. “Están mal pagados, apenas cubren turnos, falta personal y medios... Es poco menos que imposible conseguir una vivienda. ¿Cómo van a traer a sus familias? Y por si fuera poco a sus hijos hay que escolarizarlos en catalán. Es una locura”. Desde VOX ya se denunció esta situación el año pasado al principio de la legislatura y se han elevado iniciativas al respecto en el Parlamento de las Islas Baleares y el Congreso de los Diputados. Campos ha insistido en que “no cejaremos en el empeño. Es de justicia corregir lo que es un problema crónico que no interesa ni en el Consolat de la Mar ni en la Moncloa”.
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