El PP exige acceder al informe de la Alta Inspección que exime a Balears a cumplir con el 25% de clases en castellano

En relación a la noticia recogida hoy por el diario El Mundo en relación al informe de la Alta Inspección Educativa en el que se rechaza instar al Govern a que el castellano sea la lengua vehicular en las islas, o que al menos los niños tengan un mínimo de un 25% de clases en esta lengua, el PP reivindica el derecho de los padres a decidir la lengua en que sus hijos aprendan en los primeros años de su enseñanza; derecho recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y en la vigente ley de normalización lingüística.

En este sentido, la diputada Nuria Riera ha explicado el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una solicitud de documentación en el Parlament y en el Congreso de los Diputados a través de la que se solicita tener acceso al informe de la Alta Inspección y, en función de su contenido, los ‘populares’ pedirán la comparecencia de la directora de la Alta Inspección Educativa en el Parlament.

Así, Riera ha defendido el derecho de los niños a conocer en igualdad las dos lenguas oficiales y ha lamentado que “desde 2015, el pacto de izquierdas liderado por el PSOE de Francina Armengol obvia este derecho y trabaja incansablemente para implantar y mantener una inmersión en catalán durante toda la escolarización de los niños y jóvenes de las Islas Baleares”.

Cabe recordar que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado diferentes iniciativas en las que exigen al Govern que dé cumplimiento efectivo a los derechos de libertad de enseñanza y libertad de modelo educativo, así como a la libre elección de la lengua cooficial que deseen los padres como lengua vehicular en la primera enseñanza de sus hijos, como establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Los ‘populares’ también instan al Govern a que en los impresos de escolarización para el próximo curso, los padres puedan indicar en una casilla en qué lengua oficial de la comunidad desean que sus hijos aprendan en su primera enseñanza y a que se publiquen todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos para que las familias puedan decidir el modelo que desean para sus hijos, así como a que se garantice un equilibrio real entre las dos lenguas oficiales durante toda la escolarización de los niños y jóvenes para que al finalizar su formación aprecien, valoren y dominen ambas lenguas; o que las lenguas extranjeras estén presentes desde las primeras etapas de la educación para garantizar la consolidación de un buen nivel de comprensión y uso en al menos una de ellas.