El GOB presenta sus propuestas para el Proyecto de Ley de reactivación económica

El Govern Balear aprobó recientemente un Decreto-Ley que incorpora algunas medidas que parecen errores estratégicos. El GOB ha presentado toda una serie de aportaciones en el trámite de participación pública, a fin de mejorar los textos que ahora se debatirán como proyecto de Ley en el Parlamento.

La presión de algunos grupos económicos en un momento de recesión provocada por la epidemia, no debe hacer perder de vista el interés del archipiélago para ir modernizando y reduciendo la oferta turística que va quedando obsoleta y apostando por una diversificación efectiva de la economía

Como se recordará, el Decreto Ley alzó mucha polémica porque prevé que los hoteles, discotecas, complejos deportivos y otras instalaciones que necesitan reformas, puedan quedar exentos de cumplir ninguno de los parámetros urbanísticos vigentes actualmente y, además, puedan aumentar su ocupación un 15% sin tener que pedir licencia previa

Una disposición así impide que las diferentes islas puedan ir paliando los estragos urbanísticos que se hicieron en los años sesenta y setenta, cuando aún no había democracia ni normativas racionales. También impide reducir la masificación y la dependencia del todo incluido. Que en el 2020 un Govern apueste por consolidar estas instalaciones, que ahora moverían grandes debates, y que además les permita crecer, no responde a ningún interés general y vulnera los principios básicos de igualdad ante la ley.

El GOB pide que el proyecto de Ley con la que ahora se ha de convertir el Decreto-Ley, regule los alojamientos obsoletos para que cualquier reforma deba adaptarse a cumplir con los parámetros urbanísticos vigentes o, al menos, a reducir un 50% en volumen y el número de plazas. Si de cada dos plazas se hace una, hay posibilidades de apostar de manera real por una oferta turística menos dependiente de charters internacionales y de aumentar el resultado económico final que quede fijado en la sociedad isleña.

También se pide que cualquier reforma integral deba contemplar una reducción mínima del 25% en consumo de agua y de energía proveniente de fuentes no renovables. Esto puede activar el sector de la construcción mientras se reduce la huella ecológica de los establecimientos, lo que beneficiaría a toda la población. Hay que recordar que este mismo Govern, en línea con muchas otras instituciones internacionales, reconoció la emergencia climática en noviembre del año pasado. Las acciones deben ser coherentes en este sentido.

Se ha entregado un documento detallado, que incluye propuestas de derogación total o parcial de algunos artículos, modificaciones de textos y también alguna incorporación de nuevo articulado y propuestas.

Se ha pedido, por ejemplo, que en la reorientación de usos de los fondos del impuesto turístico hacia gastos de la Covidien 19, no se vean afectadas aquellas iniciativas dedicadas a la conservación ambiental o al incremento de la sostenibilidad ambiental, al considerar que este es el principal objetivo del impuesto, mientras que hay inversiones de otros conceptos que seguramente no tienen la misma urgencia.

No se considera una buena idea ubicar pisos de protección oficial, centros de día o geriátricos en medio de zonas turísticas. Esta política de saltarse las planificaciones existentes se traduce después en graves problemas de gestión y convivencia. Lo mismo puede ocurrir con las instalaciones de energías renovables, que se pretende que puedan ignorar la ordenación territorial (competencia de los Consejos Insulares) en pronto de coordinar de manera efectiva. Esto puede acabar traduciéndose en proyectos que pueden tener una aportación positiva en energía más limpia, pero que se vean retrasados ​​por polémicas territoriales, por lo que no se consigue ningún agilización administrativa real.