El Consell de Mallorca ha presentado recurso a la sentencia por el rescate del túnel de Sóller

El Consell de Mallorca ha presentado este jueves recurso a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca que el pasado mes de abril declaró nulo el rescate de la concesión del túnel de Sóller. La institución insular ejerce el derecho legal a la interposición de recurso a la sentencia originada por la demanda presentada por la empresa Globalvia, antigua concesionaria de esta infraestructura, y pide la revocación, dejándola sin efecto.

El Departamento de Movilidad e Infraestructuras basa el recurso en que el rescate se hizo en favor del interés público para que toda la ciudadanía pudiera disfrutar de manera libre y gratuita del túnel.

El consejero de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, sostiene que "desde el respeto por el pronunciamiento del juez, el rescate se llevó a cabo en beneficio de los vecinos y vecinas del Valle de Sóller y de todos los municipios de su entorno", y considera que "ha quedado sobradamente demostrado que ha supuesto una ventaja para los residentes de la zona y de toda la isla de Mallorca. Y con este convencimiento ya dijimos hace semanas que lo seguiríamos defendiendo ante los tribunales y es lo que hemos hecho hoy ".

El escrito de apelación destaca que el rescate de la gestión del Túnel, y la consiguiente gratuidad del servicio, se fundamentan en el interés general y que el elevado coste de las tarifas del peaje (la más cara de todo el territorio nacional) iba en perjuicio del interés público.

El recurso estima que defender el mantenimiento del peaje en base a considerar la carretera del Coll de Sóller como alternativa vial al Túnel supone una evidente discriminación respecto de las otras carreteras de la isla, ya que presenta un recorrido más costoso, contaminante y en peores condiciones.

El rescate del túnel de Sóller se remonta al 28 de diciembre de 2017. El Consell de Mallorca rescató la infraestructura abonando 16,3 millones de € y la empresa abrió un proceso judicial reclamando 31 millones.