Cort cuelga en su fachada una pancarta con el lema 'Palma, ciutat refugi' con motivo de la acogida del 'Aquarius'

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, acompañado de diferentes regidores del Ayuntamiento ha colgado este jueves en el balcón de Cort una pancarta con el lema 'Palma, ciutat refugi', "con la que se quiere destacar la voluntad del Consistorio y de toda la ciudadanía de acoger los refugiados del barco 'Aquarius'".

Según ha informado Cort en un comunicado, "desde el primer momento el Ayuntamiento se ha puesto a disposición del Govern y el Gobierno central para acoger a los refugiados" y ha destacado que ha ofrecido su "colaboración en lo que sea necesario durante el proceso de llegada, instalación y acogida de las personas refugiadas".

En declaraciones a la prensa, Noguera ha asegurado que Palma "es una ciudad solidaria, de acogida y de segundas oportunidades" y ha manifestado que este acto "es una muestra de solidaridad y de apoyo para poner Palma a disposición de las personas que pasan por unos momentos muy delicados".

"Parece mentira que en 2018 todavía haya muertos en el mar Mediterráneo", ha lamentado Noguera. En este sentido, ha trasladado el mensaje de que "Europa tiene que cambiar y ser más social que económica".

Por su parte, el regidor de Igualdad, Juventud y Derechos cívicos, Aligi Molina, ha valorado que "se haya dado un giro en las políticas del Gobierno central en relación al Gobierno anterior" y ha añadido que "es necesario cambiar las políticas de fondo".

"Tanto la Unión Europea como los gobiernos de los Estados miembros deben cambiar sus políticas de fronteras para no tener un verano durísimo con muchas muertes en el Mediterráneo", ha señalado.

El equipo de gobierno ha recordado que en septiembre de 2015 se acordó "ofrecer Palma como ciudad de acogida, ante la crisis que ya entonces se vivía en toda Europa por la llegada de refugiados que huían de la guerra o de la miseria y pedían auxilio humanitario".

Así, se trata de un "compromiso municipal con las personas que buscan refugio que se renovó en febrero de 2017 con la aprobación en el pleno de la corporación de una declaración institucional para exigir al Gobierno estatal y a la Unión Europea la agilización del traslado de estas personas a la ciudad".