El GOB pide paralizar de forma total y urgente los expedientes de legalización en zonas inundables

La paralización total y urgente de todos los expedientes de legalización en zonas inundables. Es la exigencia del GOB en los ayuntamientos de las Islas Baleares, que están recibiendo solicitudes para legalizar construcciones fuera de ordenación, algunas de las cuales se encuentran ubicadas en zonas inundables. El decreto ley del Gobierno Prohens, aprobado en mayo, permite que esto ocurra, pese a los graves riesgos que conlleva.

Por este motivo, el GOB también exige una suspensión cautelar de los expedientes que ya están en trámite o se hayan resuelto (en su caso), al menos hasta que exista una resolución clara de las determinaciones del proyecto de ley y hasta que se apruebe definitivamente la revisión de la delimitación de las áreas inundables o potencialmente inundables. Sólo en Palma ya se han presentado nueve solicitudes de legalización de grandes construcciones unifamiliares, al menos dos de ellas se encuentran en una zona potencialmente inundable de acuerdo con la cartografía del Plan Hidrológico de las Islas Baleares.

Tras la tragedia de Valencia, el PP ha cambiado de postura y se ha abierto a prohibir nuevas edificaciones en suelos inundables, pero en ningún caso paralizar la legalización de las ya construidas, una irresponsabilidad más de un Gobierno que no se toma en serio la emergencia climática y sus terribles consecuencias.

Al mismo tiempo impulsa una revisión de la delimitación de las zonas inundables y potencialmente inundables –que ya están delimitadas en Baleares. Sabiendo la intención inicial manifestada, hace temer que la revisión sea para reducir los límites de las zonas inundables allá donde haya conflictos de intereses.

Por el contrario, si se hace una revisión de zonas inundables hay que tener en cuenta que los enormes volúmenes de agua caídos en Valencia pueden ser cada vez más frecuentes, de acuerdo con las indicaciones científicas. Por tanto, estas áreas de riesgo deberían tender a crecer y no a reducirse. Motivo que debería justificar una moratoria en nuevas construcciones y en legalizaciones de zonas dentro o cercanas a los espacios hoy marcados como inundables. Aunque la Ley de Energía y Cambio Climático dicta que el Consejo Balear del Clima debe reunirse dos veces al año, el Govern ni siquiera le ha convocado en lo que llevamos de legislatura.

Cabe recordar que el Comité de Expertos en Cambio Climático de las Islas Baleares, órgano colegiado que asesora al Gobierno en esta materia, ya ha pedido frenar este proyecto de ley por el negativo impacto que puede tener en los retos sobre el cambio climático.

Nuestra sociedad necesita con urgencia que las instituciones públicas abandonen el negacionismo climático, que dejen de legislar para favorecer el negocio inmobiliario-especulativo, y que los ayuntamientos den un paso firme para evitar situaciones de inseguridad jurídica y riesgos para vidas humanas.