Presentan una denuncia ante el Ministerio de Cultura para evitar el expolio del Ayuntamiento sobre Sa Feixina

Jacinta Galindo, presidenta de la ‘Associació de veïnats i amics de Santa Catalina’, y Tomeu Berga, presidente de Societat Civil Balear, presentaron ayer por la mañana y en la Delegación del Gobierno en Palma, una denuncia y un requerimiento al Ministerio de Cultura para que ejerza de una vez su competencia exclusiva para proteger y evitar el riesgo de expolio que tiene actualmente el monumento de Sa Feixina por parte del Ayuntamiento de Palma.

Los representantes de ambas asociaciones han comentado que se han visto “obligados” a interponer estas acciones legales ante el Ministerio de Cultura porque éste “estaba totalmente al tanto del estado de tramitación del expediente de catalogación del monumento por parte del Consell de Mallorca, y no ha hecho absolutamente nada al respecto”. Además, Galindo y Berga han explicado que en caso de no ser atendido este requerimiento, las citadas asociaciones llevarán al Ministerio de Cultura ante los tribunales de justicia para que sean éstos los que obliguen al Ministerio a ejercer su competencia, y emita una orden ministerial contra la expoliación del monumento, para así protegerlo definitivamente.

Galindo y Berga han querido manifestar además que “el riesgo de expolio es evidente porque el Ayuntamiento de Palma mantiene en vigor un acuerdo para demoler el monumento, y el Ministerio debe reaccionar imperativamente contra él”. “En caso de que veamos una dejación en sus funciones del Ministerio procederemos a exigir también las responsabilidades penales procedentes si pudiera inferirse, de esta dejación, un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión“, han apuntado.

En dicha denuncia las dos asociaciones han aportado los informes y el criterio del pleno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se ha mostrado favorable en todo momento a la protección y catalogación del monumento, y el dictamen de la Real Academia de la Historia, muy reciente, y en el que se pronuncia por unanimidad en el sentido de que el hundimiento del buque ‘Baleares’ y la tragedia marítima que supuso el fallecimiento de sus casi 800 tripulantes es un hecho singular, y muy significativo en la historia de España, y que el citado monumento sirve como documento histórico, es decir, para documentarlo. Hay que subrayar la trascendencia de estos informes y dictámenes puesto que estos organismos son órganos consultivos del Ministerio de Cultura en esta materia y siempre son tenidos en cuenta en la tramitación de dichos asuntos.

Además, Berga ha querido apuntar que “sigue en paralelo la lucha de la plataforma ‘Salvem Sa Feixina’, apoyada por Societat Civil Balear, para conseguir la catalogación definitiva del monumento en sede judicial, y cuya resolución esperamos que se produzca próximamente”.

Por otra parte, Galindo y Berga también han comentado el hecho de que a finales de noviembre de 2019, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid ha suprimido y revocado el cambio del nombre de la calle ‘Crucero Baleares’ que pretendió realizar el ejecutivo de Manuela Carmena, porque ha estimado la demanda de la hija de un superviviente del hundimiento del buque, aduciendo que los afectados por dicha tragedia eran víctimas de los dos bandos, y que el mantenimiento del nombre de dicha calle no suponía exaltación franquista alguna.

Y los dos presidentes también han recordado, por último, que la mayoría de los palmesanos, en varias encuestas del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBAES), han manifestado su mayoritaria oposición a la demolición del monumento.