El GOB califica de 'ambiciosa' la ley de residuos pero alerta sobre aspectos como 'la importación o el Tirme'

El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) presentó este viernes sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados del Govern, una normativa que ha calificado de "ambiciosa" pero que "es necesario que prohíba explícitamente cualquier importación de residuos y que no condicione los aspectos clave de la Ley a mantener el equilibrio económico financiero de la actual empresa concesionaria del servicio público insularizado de residuos, Tirme".

Asimismo, desde el GOB han considerado este sábado en un comunicado que este anteproyecto supone "el inicio de un cambio de modelo de gestión de residuos apostando por la prevención y la reutilización, dos aspectos claves hasta ahora olvidados en el marco normativo".

La organización ecologista ha destacado que se trata de una ley "pionera" en el ámbito europeo y ha resaltado como "positivo" la "obligación de la recogida de materia orgánica, la consideración del autocompostaje y la necesidad de abrir la puerta al compostaje municipal".

En cuando a la implantación de la Agencia de Residuos, el GOB ha señalado que debería tener también "competencias de inspección y sanación".

Sin embargo, desde el GOB han mostrado su preocupación por la importación y traslado de residuos y el Tirme. En primer lugar, han expresado que la ley prohíbe la importación de los residuos pero deja abierta la posibilidad de traslado. Ante esta "ambigüedad, queda abierta la posibilidad de que las instalaciones de Mallorca del servicio público acaben gestionando residuos de otras regiones, lo que contradice a los principios de autosuficiencia y proximidad", han manifestado.

Por otro lado, el colectivo ha insistido en que la ley debe permitir "tener como objetivo una gestión sostenible de los recursos por encima de los intereses de la empresa concesionaria" que, según ha explicado, "UM blindó a través de un contrato que la misma administración ha tachado de lesivo para el interés público y que condiciona los objetivos de quemar el 60 por ciento de los residuos que se generan en Mallorca y de importar otros para tener las plantas incineradoras en funcionamiento al 100 por cien".

"Entendemos que la ley no debe de hacer referencia a la gestión que determina el Consell de Mallorca porque se trata de un servicio público, pero después de ver el fracaso de la gestión y como limita la mejora de los aspectos clave de gestión sostenible, esto, a la larga, debería poder modificarse", han asegurado desde el GOB.

Por último, han recordado que Fundació Deixalles, GOB, Amics de la Terra, Greenpeace, con el apoyo de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus, la Fundació Retorna y Zero Waste, han trabajado de forma conjunta y por separado la elaboración de las alegaciones a esta ley con el objetivo de "mejorar y reforzar los aspectos positivos y valientes que contempla, especialmente en materia de prevención de residuos", han concluido.