El GOB alerta de un nuevo boom de parques fotovoltaicos en suelo rústico

El GOB advierte a la Dirección General de Energía y a la Comisión Balear de Medio Ambiente, de que la transición energética no puede decidirse por las inversiones de capital privado no local, sino que debe venir marcada y definida, tanto desde el punto de vista territorial, como económico como social, por las instituciones locales.

Si no, volvemos a perder el control de la producción energética a costa de territorio, concretamente suelo rústico, convirtiéndolo en un polígono de servicios energéticos.

En estos últimos dos meses, el GOB ha recibido consulta y petición de informe por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente en relación a la elaboración del documento de alcance de 13 nuevos parques fotovoltaicos en Mallorca, la mayoría de 5MW en suelo rústico y casi todos ellos en Llucmajor (11 de los 13). Un total de 56 Mw nuevos en suelo rústico.

Llucmajor, como ya advertimos ante la proyección del polémico parque fotovoltaico de 100MW proyectado en la Marina de Llucmajor corre el riesgo de convertirse en el polígono de servicios energéticos de la isla. Aparte de Llucmajor se proyectos proyectos en Algaida y Capdepera, también en suelo rústico.

Los proyectos han sido presentados, la mayoría, por dos empresas con sedes sociales en Tudela (Navarra) y Tordera (Barcelona).

Por otra parte, la Consejería de Transición Energética y Sectores productivos, tiene ahora mismo en exposición pública - y por algunos de los cuales, también nos han solicitado informe - a efectos de su autorización administrativa, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental, 17 proyectos más (algunos agrupaciones de proyectos).

Estos son en su mayoría promovidos por empresas con sede oficial en Madrid: Enerterprise Granada Energía Solado SL que promueve una agrupación de 3 parques de 3,45MW en Can Picafort (Santa Margalida, Enel Green Power (filial de la italiana Enel que promueve 4 parques), Good Wind Enternaiment y Terbio Fotovoltaico que promueven una asociación de parques por uno, los de mayores dimenciones: Son Sunyer 1 (9,2MW) y Son Sunyer 2 (7,7MW) en Palma y Santa Eulalia 1 (9,7MW) y SNAT Eulalia 2 (de 8,08MW) en Santa Margalida, respectivamente.

Porreres, Santa Margalida, Son Servera, Capdepera, Alcúdia, Palma, Campos, Santanyí se distribuyen la localización de estos proyectos. Casi 90MW nuevos en suelo rústico.

Por lo tanto, cerca de 150MW nuevos proyectados sobre el suelo rústico de la Isla. En las Islas Baleares, disponemos por primera vez de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Queda patente que la aprobación de la Ley, no era en ningún caso garantía por sí misma de una planificación, en tiempo y sobre el territorio, de la implantación efectiva de las infraestructuras necesarias para la transición energética, un tema esencial en el caso de las instalaciones de energías renovables.

De hecho, la Ley, en su artículo 46,2, prevé el desarrollo de una planificación vía planes territoriales insulares de las ubicaciones prioritarias de las nuevas centrales energéticas, una planificación que aún no se ha hecho a pesar de tener más de 30 parques nuevos en tramitación en suelo rústico.

El mencionado artículo establece que "Los planes territoriales insulares deben definir la ubicación de las zonas de desarrollo prioritario así como la tipología, las dimensiones y otras características de las instalaciones aptas para cada zona, considerando los siguientes aspectos:

a) La suficiencia de la fuente de energía.
b) La aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones.
c) La baja productividad o interés agrario de la zona.
d) La disponibilidad o proximidad de capacidad de red para evacuar la energía generada, o las infraestructuras de red que
convertirían necesarias.
e) La orografía, la extensión, la accesibilidad y otras características de la zona y su entorno.
f) La preservación de paisajes protegidos o especialmente representativos y el respeto a las normas de aplicación directa previstas en el artículo 68 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares.
g) Las necesidades energéticas de los municipios afectados.

A estas alturas se están tramitando proyectos idò sin haber hecho el trabajo previo imprescindible decidir dónde y cómo.

El conflicto energía-territorio, ha esdevengut precisamente conflicto por falta histórica de planificación territorial de las energías renovables. Especialmente cuando éstas se han de implantar en suelo rústico común. Desde el GOB hace años que insistimos que este no debe ser el suelo prioritario para la implantación de la energía solar fotovoltaica, y que, en caso de que se hayan de implantar necesario condicionar el reconocimiento del uso compatible de las instalaciones de energía renovable en suelo rústico común, a unos condicionamientos de tamaño, potencia, tipo de instalación, tipo de financiación / inversión de la instalación (socialización), etc. No cualquier instalación, de cualquier dimensión debe poder considerar compatible con el el suelo rústico común que debe preservar prioritariamente los usos primarios ante todas las presiones (urbanísticas, inmobiliarias, turísticas, etc.) Que ya sufre.

Fijar condicionantes previamente, garantiza que la implantación sobre el territorio se haga cumpliendo las condiciones de una transición justa hacia un modelo energético distribuido, verdaderamente justo, democrático y asumible en nuestra escala territorial.

La tramitación sin la planificación previa inducirá conflictos sociales, como el generado por el parque fotovoltaico S'Hort d'en Coll, ubicado en el polígono 10 parcela 44 de Selva que ha generado una fuerte oposición y que la Ponencia Técnica de Ordenación del Territorio y Urbanismo informó desfavorablemente por impacto visual y afección al paisaje cultural de la Serra de Tramuntana.

Volvemos a encontrarnos, como nos encontramos con el boom de parques fotovoltaico cuando el Estado estableció primas para la producción renovable que, en el caso de la fotovoltaica, hacían exageradamente atractiva la inversión. Entonces, como ahora, grandes empresas de fuera, proyectaron parques fotovoltaicos por todo el estado, también a las islas. Ahora en Mallorca, empresas ubicadas en Madrid o Navarra, o la misma ENEL proyectan hacer inversiones en parques fotovoltaicos en suelo rústico, para ser parte del negocio energético renovable. Perdemos así, la oportunidad que representan las renovables de avanzar en la soberanía energética, la democratización del acceso a la energía

Por todo ello, desde el GOB, reclamamos al Departamento de Territorio ya la Dirección General de Energía que conjuntamente con la Comisión Balear de Medio Ambiente habilite un trámite de urgencia para la planificación territorial de las zonas de desarrollo prioritario que determinen no sólo "donde", sino "como" hacemos compatibles el territorio, especialmente suelo rústico común y las renovables, tal y como determina el artículo 46,2 de su Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Solicitamos además que, por otra parte, se establezca una priorización efectiva para las centrales de producción que prevean su ubicación sobre cubiertas o espacios degradados, instante también en este sentido a hacer un inventario de las superficies susceptibles de ser cubiertas por placas fotovoltaicas y poner en marcha mecanismo que faciliten la inversión sobre este tipo de cubiertas, antes de abordar el suelo rústico para facilidad, tal como hacen hoy los grandes inversores oportunistas. Asimismo también hay que priorizar inversiones y posibilidades de financiación que garanticen la socialización de la producción de energía para garantizar que avanzamos hacia una transición socialmente justa con un control social y democratización de las fuentes de producción energética.