Un total de 17 entidades se unen para exigir que se cumpla la prohibición del alquiler vacacional en plurifamiliares

Un total de 17 colectivos y entidades se han unido para hacer frente a la "turistización" de Palma y para exigir el cumplimiento de la normativa actual con la prohibición del alquiler vacacional en plurifamiliares.

Asimismo, según ha expuesto en un comunicado la plataforma 'Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita', piden que se mantenga la prohibición en la nueva ley turística y una paralización-moratoria de nuevos hoteles y otros tipos de establecimientos turísticos en la ciudad.

Concretamente, se trata de Amics de la Terra, Assemblea de Porreres, Ateneu Llibertari Estel Negre, ATTAC Mallorca, AV Canamunt, AV Sa Calatrava, CNT, Entrepobles, Es Fibló, Federación de AAVV de Palma, GOB Mallorca, Institut d'Antropologia de les Illes, Jubilats per Mallorca, Prosocial, S'Altre Senalla, Terraferida y Tot Inclòs.

Los entidades adheridas han asegurado que algunas de las consecuencias de la masificación turística son el desplazamiento de residentes que son sustituidos por turistas con el alquiler turístico, la desaparición de tiendas de productos básicos que son reemplazadas por franquicias, las plazas invadidas por terrazas o el aumento generalizado de precios.

"En términos generales, la industria turística en Mallorca es la principal responsable de la destrucción de la isla, así como la mayor generadora de desigualdad social", han manifestado. En este caso, a modo de ejemplo, han numerado la urbanización masiva de la costa, el agotamiento y pérdida de los bienes naturales básicos o la generación de residuos, entre otros.

LEY ALQUILER VACACIONAL

Respecto al proyecto Ley que regula el alquiler vacacional han criticado que delega en ayuntamientos, Consells insulares y comunidades de propietarios la práctica de esta actividad en pisos plurifamiliars "y no marca un techo claro de plazas turísticas".

"Ante la realidad urgente de abordar una actividad claramente ilegal en la ciudad, el Govern continúa apostando por la amnistía que posibilitará que esta actividad ilegal deje de serlo por ley", han lamentado.

En el comunicado han explicado que no están en contra de ninguna persona (turista o propietaria) "sino de las políticas y dinámicas económicas, sociales y culturales que perjudican de manera colectiva e individual a una mayoría de personas en beneficio de una minoría".

Por ello, quieren que se actúe frente a las dinámicas especulativas de grandes inversores, "que está provocando esta nueva modalidad de alquiler vacacional, y que está sustituyendo los posibles beneficios de una 'economía colaborativa' de pequeña escala, por una clara mercantilización de la vivienda".