Baleares reclama un trato diferenciado para las Baleares en la primera jornada de negociación de la futura PAC

La consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha reclamado un trato diferenciado para las Baleares en la primera jornada de negociación de la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) del marco financiero plurianual 2021-2027. En este encuentro en Madrid, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en la que han participado los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, se han abordado las primeras cuestiones que definirán el documento que finalmente España presentará en la Comisión Europea. La crisis de la COVID-19 ha alterado el calendario inicialmente establecido, y la previsión actual del ministerio es presentar el Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC) a mediados de 2021, para que se pueda aprobar a principio del 2022.

Uno de los aspectos básicos que se han tratado durante esta jornada es el de la ayuda básica a la renta. En las Baleares, la renta agraria sólo llega al 54% del valor peninsular. Es decir, un agricultor percibe por su trabajo la mitad de la renta que uno de la península. Según ha explicado la consejera De la Concha, “la ayuda básica a la renta tiene que responder a la realidad de las Baleares, y por lo tanto, tiene que compensar los sobrecostes de la insularidad que condicionan la viabilidad de las explotaciones”. La consejera ha aprovechado este encuentro para hacer llegar a varios consejeros unos ejemplares del informe elaborado por la consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los sobrecostes de la insularidad en el sector agrario y ganadero isleño. Según este informe, estos sobrecostes comportan 38 millones de euros anuales al sector, ya sea, por ejemplo, en el precio de la tierra o en costes de productos, como los fertilizantes o los piensos. Este informe que lleva por título 'La agricultura y la ganadería, en un punto de inflexión', que fue enviado hace unos meses al ministerio, hace una radiografía detallada sobre este sector en las Baleares mediante datos contrastados y pone negro sobre blanco todos los factores que condicionan su viabilidad.

Sobre la ayuda básica a la renta, De la Concha ha manifestado que el sistema de derechos de pago (conocido como derechos históricos) está agotado, puesto que ha generado efectos no deseados como la patrimonialización de las ayudas, la dificultad para acceder a ellas a los nuevos agricultores y también a los jóvenes payeses, la inmovilización del mercado de la tierra o una injusta distribución de las ayudas. Por eso, ha defendido que la ayuda básica a la renta se tiene que basar en un sistema de pago por superficie (cómo también propone el ministerio) pero a la vez también vinculado a un nivel de renta agraria concreto y a una superficie en producción. Actualmente, alrededor de un 10% de la superficie agraria declarada en las Baleares no cobra ayudas PAC.

Durante esta jornada también se han abordado temas como el de 'agricultor genuino' y el 'régimen de pequeños agricultores'. Se trata de conceptos que serán básicos para determinar las ayudas que recibirá el sector en la nueva PAC. En ambos conceptos, De la Concha ha defendido que se tienen que basar en el criterio de ingresos agrarios sobre los ingresos totales, pero desde las Baleares, se considera que tiene que tener en cuenta el ejercicio de la titularidad o la cotitularitat sobre una explotación, la dedicación medida en Unidad de Trabajo Agrario (UTA) y la superficie útil gestionada. Sobre el 'agricultor genuino', la consejera ha explicado que se tiene que definir claramente de qué manera se calculan los ingresos agrarios sobre los totales. Por un lado, ha dicho, porque con los datos disponibles de información fiscal quedan fuera del análisis un 20% de las explotaciones de las Baleares. Y por otro lado, porque se tiene que recoger la especificidad de figuras de derecho civil que existen en las Islas como la Sociedad Rural Menorquina (SRM) y el Contrato de Amitgers de Mallorca. Sobre el 'régimen de pequeños agricultores' ha defendido las múltiples funciones que cumplen en un territorio como el de las Baleares, tanto por la producción de alimentos de calidad o el papel de mantenimiento de la cultura y los ecosistemas.

De la Concha también se ha posicionado sobre la parte de arquitectura ambiental y los ecoesquemas. Ha defendido la necesidad que la condicionalidad ambiental sea de aplicación a todos los beneficiarios de las ayudas PAC, también los pequeños agricultores, al considerar que la PAC “tiene que estar orientada a los objetivos del clima”. Ha explicado, además, que actualmente la consejería trabaja para llegar a un 25% de la Superficie Agraria Útil cultivada en agricultura ecológica el 2030.