El PP responde a Castro que no consta en sus archivos qué empresas fueron subcontratadas en la reforma de Génova

El PP nacional ha respondido al juez instructor del caso Son Espases, José Castro, que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma de su sede central, situada en la calle Génova de Madrid, tal y como han trasladado al magistrado mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento, rubricado por el director de la asesoría jurídica del partido, acompaña a las facturas aportadas por la formación a petición de Castro, quien requirió a la presidencia nacional del PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular así como su posible conexión con la adjudicación del hospital Son Espases.

Se trata de unas facturas que ascienden a un total de 237.000 euros por conceptos como la instalación de la iluminación en el salón de actos de la sede, el tratamiento acústico en el techo de la sala de prensa y la instalación del sistema de antenas, entre otros trabajos.

En su escrito, el PP explica que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, prosigue, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación del partido a través de cajas 'B' entre 1990 y 2008.

Precisamente, Castro ha incorporado a la causa el auto con el que el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo de los acusados al PP como responsable civil subsidiario a raíz de las anteriores pesquisas. En concreto, la resolución judicial ha sido entregada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Esta nueva línea de investigación fue abierta en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los trabajos del hospital de referencia de Baleares, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.

Cabe recordar que, de forma paralela, el juez indaga, dentro de la última pieza separada abierta en el marco del caso Palma Arena, la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas.

El juez, entre otra documentación, tiene sobre la mesa los interrogatorios efectuados al constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó -hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal-, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.

Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

EL PROCESO SE DECANTÓ INICIALMENTE A FAVOR DE OHL

En el caso de Son Espases, el proceso de adjudicación se decantó inicialmente a favor de la competidora OHL, cuyo presidente, el exministro Juan Miguel Villar Mir, se encuentra imputado en las investigaciones. La constructora fue desbancada como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM.

Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro el pasado julio, Horrach asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.

"PROBLEMA POLÍTICO" SI LAS OBRAS NO SE ADJUDICABAN A DRAGADOS

Por su parte, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un "problema político" si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal "envergadura" no se adjudicaba a Dragados.