
Actualizado el 29/10/2015 08:27 Compartir
La medida, que se acuerda cada vez que concluye una legislatura, ha recibido el visto bueno por parte de la Diputación Permanente, el único órgano de la institución que sigue activo tras la disolución de las Cortes. Todos los senadores que abandonan la institución tienen derecho a percibir esta cantidad --denominada indemnización de transición--, excepto los miembros de la Diputación Permanente.
A estos últimos parlamentarios, que son 76 (38 titulares y 38 suplentes), el Senado les continúa abonando su retribución hasta el día anterior a la constitución del nuevo Senado, el que resulte de los comicios generales. En cualquier caso, la página web de la Cámara Alta publicará la relación de perceptores de esta indemnización próximamente.
Los miembros de la Diputación Permanente, además de seguir cobrando su retribución salarial ordinaria debido a que no cesan su actividad, son los únicos que conservan la condición de senador aún después de expirado el mandato o disueltas las Cortes. Es decir, son los únicos que mantienen el aforamiento, esa protección que la ley concede a los parlamentarios y que hace que sólo el Tribunal Supremo los pueda juzgar.
Según establece el acuerdo sobre las indemnizaciones, la cuantía total de la paga 'de transición' será la resultante de multiplicar 154,54 euros por el número de días que medien entre el día de la disolución o el siguiente al de la expiración del mandato y el día anterior a la fecha de las elecciones, ambos incluidos.
La percepción de esta indemnización es incompatible con la de cualquier otra retribución a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas o con cualquiera que venga de una actividad privada.
Asimismo, no se podrá percibir en el caso de que el senador cobre otra indemnización de transición o equivalente reconocida por una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma o una retribución salarial o asignación económica como miembros de dicho organismo.
Asimismo, el Senado ya no abonará los gastos de desplazamiento a los senadores desde la disolución de la Cámara --aunque sí les abonará los gastos que se deriven de cumplimentar su cese o del envío de documentos y cajas del despacho--. Sí seguirá pagando los desplazamientos de los miembros de la Diputación Permanente.
Pero todos los senadores están autorizados a seguir utilizando la línea telefónica que les facilita la Cámara cuando llegan a ella. Tras los comicios generales, en el caso de que pierdan la condición de senador, se les obligará a devolver el las líneas telefónicas que, eso sí, se mantendrán dadas de alta hasta que se celebren las elecciones.
En cuanto al ordenador o las 'tablets' y al teléfono móvil, que se facilita a los parlamentarios, el Senado ofrece a los senadores o devolverlos o adquirirlos abonando su valor de amortización.
Además de este acuerdo sobre indemnizaciones y desplazamientos de los senadores una vez disueltas las Cámaras, la Diputación Permanente del Senado ha aprobado este miércoles el número de senadores autonómicos que se sentarán en el hemiciclo en la próxima legislatura. El cupo no variará con respecto a los de esta legislatura y volverán a ser 58.
Pese a que la mayoría de los senadores serán elegidos por los ciudadanos en las urnas, una parte son designados directamente por los parlamentos regionales. Así, atendiendo al número de habitantes de cada Comunidad Autónoma, antes de que dé comienzo la siguiente legislatura la Diputación Permanente ha aprobado el número total de parlamentarios autonómicos para la Cámara Alta.
Serán otra vez 58 los senadores autonómicos, procedentes de Andalucía (9), Cataluña (8), Madrid (7), Comunidad Valenciana (6), Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco (tres cada una), Aragón, Asturias, Islas Baleares, Extremadura y Murcia (dos cada una), y Cantabria, Navarra y La Rioja (uno respectivamente). La gran mayoría de ellos acaban de ser elegidos tras las elecciones autonómicas de este año.
El resto, los otros 208 senadores, serán elegidos en urna el próximo 20 de diciembre en listas abiertas. En cada provincia se eligen cuatro senadores, salvo en las islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, que eligen tres, y las islas de Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, que eligen uno, como también Ceuta y Melilla. Cada elector puede dar hasta tres votos (dos en las islas mayores y uno en el resto), de una misma lista o repartidos entre varias de ellas.
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