Una de las defensas solicita la suspensión del juicio de Nóos por coincidir con otros dos señalamientos

Una de las defensas del caso Nóos ha solicitado este jueves ante la Audiencia Provincial de Baleares la suspensión del inicio del juicio por esta causa, previsto el 11 de enero, al coincidir éste con la celebración de otras dos vistas orales en las que también se encuentra personado. Varios abogados más también se encuentran en la misma situación. Por el momento, el tribunal no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

En concreto, está previsto que también a partir del 11 de enero la Audiencia juzgue a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar y a otros 17 acusados en el marco de una de las piezas separadas del conocido como caso Voltor, centrada en una trama con la que habrían desviado más de 430.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores y buscar votos en favor de Unió Mallorquina (UM).

Mientras tanto, el día 12 está señalado el juicio por uno de los flecos del caso Ibatur, a raíz de la compra con fondos públicos de unos 2.000 ejemplares del libro 'Los visionarios del Caribe', que habría supuesto una contraprestación a cambio del trato de favor que sus autores habrían hecho a la Conselleria de Turismo. Ambos negaron cualquier tipo de trato de favor y defendieron su independencia periodística.

La coincidencia en las fechas de los tres juicios se abordará previsiblemente durante la comparecencia que el próximo 23 de octubre, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar para fijar la totalidad de sesiones del juicio del caso Nóos y su desarrollo. Se trata de una vista en la que deberán estar presentes los fiscales anticorrupción así como los numerosos abogados personados en la causa.

La fecha del inicio del juicio fue fijada esta semana. La Infanta Cristina -bajo una petición de ocho años de cárcel-, su marido, Iñaki Urdangarin, y 16 acusados más se sentarán en el banquillo más de cinco años después de que el juez José Castro pusiera la lupa sobre las actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto Nóos, que se saldaron con un presunto desvío de más de seis millones de euros públicos.