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Bauzá y la ministra Bañez han firmado hoy un convenio de colaboración para luchar contra la economía sumergida y el trabajo irregular

Actualizado el 03/03/2014 20:48                Compartir

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente del Gobierno, José Ramón Bauzá, han suscrito hoy un convenio de colaboración para luchar contra la economía sumergida y el trabajo irregular en las Illes Balears.

Después de la firma del convenio, la ministra Báñez ha anunciado que “la tarifa plana de 100 euros va a ser una gran oportunidad para crear empleo estable en las Illes Balears ya que se aplicará a los nuevos contratos fijos discontinuos”. Para Báñez, “la nueva medida económica, la más importante que se ha adoptado a favor de la contratación estable, va a ser muy beneficiosa para las Illes Balears para generar empleo de calidad y estable”.
Asimismo, la ministra de Trabajo y Seguridad Social ha destacado los excelentes resultados de las Illes Balears, “la segunda comunidad autónoma donde en el último año más ha crecido la afiliación a la Seguridad Social”.
En relación a los recientes datos de empleo, la titular de Trabajo y Seguridad Social ha afirmado que “hemos pasado lo peor y estamos creando empleo en España y en Baleares”.

Tras la firma del convenio de colaboración en materia de lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular, el presidente Bauzá ha agradecido a la ministra “la sensibilidad del Gobierno central al recoger la preocupación del Gobierno de las Illes Balears respecto a los fijos discontinuos”. El president ha recordado que “el hecho de que las empresas tengan una bonificación del 50% de las cotizaciones por mantener fijos discontinuos ha sido básico para la contratación y la recuperación económica de las Illes Balears”. .
El objetivo del acuerdo, suscrito hoy entre ambas partes, es poner todos los medios al alcance de la comunidad autónoma para detectar y castigar el empleo irregular y la economía sumergida.

Para la ministra Báñez, “estas actuaciones son una lacra ya que deterioran los derechos de los trabajadores, generan competencia desleal respecto a la empresas que cumplen con sus obligaciones legales y dificultan la recuperación económica en el ámbito de la comunidad y en el estatal”.
Sobre los resultados de la lucha contra el fraude en Baleares, la ministra Báñez ha explicado que la acción de la Inspección de Trabajo en 2012 y 2013, ha permitido aflorar 4.191 altas en el Sistema de la Seguridad Social en las islas, 1.140 más que en el período 2010-2011.
En materia de prestaciones por desempleo, el número de infracciones empresariales por compatibilización indebida de prestaciones de desempleo de trabajadores por cuenta ajena sin alta previa en la Seguridad Social detectadas por los inspectores, ha aumentado en un 116,72%. También ha crecido el número de infracciones de los trabajadores beneficiarios de prestaciones indebidas detectadas por los inspectores, un 151,35%. La acción inspectora también ha incrementado sus resultados en la detección de empresas ficticias, registrando un aumento de las infracciones detectadas en un 285,71% con respecto al período 2010-2011.
Estos resultados se han centrado, básicamente, en los sectores de hostelería y comercio, los dos sectores económicos principales de la comunidad autónoma de las Illes Balears sobre los cuales se ha incidido con una programación adecuada de la actividad inspectora al carácter estacional de la actividad, vinculada al turismo.
Derivado del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, el convenio de colaboración prevé adoptar diferentes medidas concretas en breve, como son:

  • Elaboración de un Plan anual de inspección en los sectores y empresas que se determinen para combatir el empleo irregular.
  • Creación de una unidad o grupo mixto de trabajo especializado en la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular en el plazo de un mes desde la firma del convenio.
  • Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones de control de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, a través del SOIB.
El convenio, que no generará obligaciones económicas para ninguna de las partes, tendrá una vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2015.

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