Actualizado el 01/02/2017 19:13 Compartir
MÉS per Palma ha reclamado este martes al Ayuntamiento que declare al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 'persona non grata' en Palma, al tiempo que ha rechazado "las políticas racistas" y defendido "una Palma democrática y abierta a todo el mundo".
La Asamblea de MÉS ha calificado las políticas de Trump de "machistas, belicistas y negacionistas del cambio climático" y ha considerado que las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente "atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos" y que no tienen "cabida dentro de una sociedad democrática y abierta".
"Como ciudadanos de Palma defendemos la convivencia de gente de diferentes religiones y culturas que se produce en nuestra ciudad y el derecho de estas personas a vivir en paz y libertad", han recalcado desde la Asamblea de MÉS per Palma.
MÉS también ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, la desmilitarización y la lucha contra el cambio climático y por ello ha advertido de "que la presidencia de Donald Trump pone en peligro los fundamentos del modelo de sociedad".
Por otra parte, la Asamblea de MÉS per Palma también ha exigido la derogación de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, popularmente conocida como 'Ley Montoro', para garantizar "unos servicios públicos de calidad".
Desde MÉS per Palma han alertado de que esta ley "dificulta el proceso de recuperación de los servicios públicos" y además "nació sin ningún consenso, es recentralizadora y vulnera las competencias de los ayuntamientos, alejando el poder de decisión de las administraciones más cercanas a la gente y a sus necesidades, en un claro desprecio al valor de proximidad que representan los municipios".
Así lo ha expresado el portavoz de MÉS per Palma, Antoni Noguera, las administraciones locales están "atadas de pies y manos por esta normativa".
Según Noguera, la 'Ley Montoro' también ha "culpado" a los Ayuntamientos del problema de la deuda pública "cuando sólo un 3,2% del total proviene de las administraciones locales".
Además, "comporta un enorme retroceso de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores públicos y de los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía" y "es una norma que no resuelve el problema de la carencia de financiación local", ha protestado Noguera.
En este sentido, desde MÉS han recordado que esta ley "recorta las competencias que tenían los ayuntamientos en materia de Bienestar Social, Sanidad o Educación, que pasan a ser delegadas por la Comunidad Autónoma, con problemas de interpretación legal que dificultan la puesta en marcha de nuevos servicios al área de Bienestar Social".
Por otro lado, "potencia la privatización de los servicios públicos y limita la gestión a través de empresas públicas, la creación de las cuales se tiene que justificar económicamente con criterios de rentabilidad".
MÉS per Palma ha asegurado que la norma tiene una "filosofía neoliberal" que "limita el papel de los Ayuntamientos", incrementa el control de los interventores sobre las inversiones, a las que impone la regla del equilibrio presupuestario", "reduce el sector público local y limita las prestaciones de actividades en régimen de monopolio al agua, los residuos y el transporte".
Por todo ello, MÉS cree que la 'Ley Montoro' conduce a una "administración precaria y con altos niveles de interinidad".
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