Ibiza
Imponen una sanción de más de 125.000 euros por unas obras en Ibiza sin el título habilitante de costas

Imponen una sanción de más de 125.000 euros por unas obras en Ibiza sin el título habilitante de costas

Actualizado el 20/11/2020 14:57                Compartir

La directora general de Territori i Paisatge, Magdalena Pons, ha firmado, esta semana, una resolución por la cual se impone una sanción de 126.358,83 euros a la entidad responsable de la comisión de una infracción grave del artículo 90.2 g de la Ley de costas, consistente en la realización de obras de reforma de vivienda y sus exteriores y el forrado de piedra de muro de cierre de parcela, en una vivienda de Cala Embarcador, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia.

Las obras se habían ejecutado en zona de servidumbre de protección de costas, sin autorización de la Dirección general de Territori i Paisatge ni habiendo presentado declaración responsable. Se abre ahora un plazo de seis meses para que el interesado proceda a la reposición de las obras realizadas al estado legal anterior a la comisión de la infracción, previa solicitud de la licencia urbanística municipal oportuna y que para ser válida tendrá que contar con el título habilitante preceptivo de costas, competencia de la dirección general.

Se trata del tercer expediente sancionador contra la empresa por estas obras. El primero, se resolvió en junio de 2018 por un importe de unos 5.000 euros pero las obras continuaron. En noviembre de 2018, una nueva inspección por parte de los Agentes de Medio ambiente dio inicio a un segundo expediente sancionador que se resolvió en octubre de 2019 por un importe de unos 10.000 euros y contra el cual se interpuso recurso administrativo que está pendiente de resolución.

Habiendo tenido conocimiento que las obras no habían sido paralizadas tampoco, pese a la orden de paralización comprendida en la Resolución de inicio del segundo procedimiento sancionador, el zelador del Servicio de Costas y Litoral de la isla de Eivissa levantó una nueva denuncia.

El infractor tendrá que demoler todo aquello que se haya construido ilegalmente y restituir las obras no legalizadas a su estado legal anterior. Para su consecución, se considera adecuado otorgar un plazo de 6 meses.


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