El PP de Ibiza no descarta emprender acciones legales por la 'honorabilidad dañada'

El PP de Ibiza no descarta emprender acciones legales para restablecer "la honorabilidad dañada", tras las acusaciones vertidas contra el Ayuntamiento de Ibiza, que gastó en 2012, en un grupo de comunicación local, un total de 140.000 euros y ha sido acusado de abonar facturas a un semanario, propiedad de este mismo grupo mediático, sin haber recibido ninguna contraprestación publicitaria a cambio. Desde el PP de Ibiza han asegurado que están trabajando con asesoramiento legal especializado dirigido a la defensa de sus derechos.
Asimismo, han asegurado que "apoyarán cualquier iniciativa encaminada a aclarar las inversiones públicas realizadas en los diferentes medios de comunicación de la isla".
Estas declaraciones han sido realizadas tras el anuncio de la alcaldesa de Ibiza, Marienna Sánchez-Jáuregui, de crear una comisión para que investigue las partidas que los distintos equipos de gobierno de Ibiza han destinado a los medios locales en los últimos 12 años.
Según ha explicado el PP en una nota de prensa, "tras las noticias publicadas en distintos medios de comunicación, susceptibles en algunos casos de conducir a conclusiones e interpretaciones alejadas de la realidad, se hace imprescindible poner en marcha mecanismos que despejen cualquier tipo de duda en torno a los criterios de contratación publicitaria seguidos por las instituciones públicas".
El PP ha asegurado defender siempre "la máxima transparencia" en las decisiones tomadas por los distintos gobiernos municipales e insular, por lo que "apoyaremos cualquier iniciativa encaminada a aclarar las inversiones públicas realizadas en los diferentes medios de comunicación de la isla".

JUICIO POLÍTICO Y MEDIÁTICO

Además, han asegurado que "no toleraremos que los hechos publicados la última semana se sigan convirtiendo en un juicio político y mediático, cuyo único objetivo es poner en duda la transparencia y la legalidad de la gestión institucional realizada por los gobiernos del Partido Popular de manera generalizada".
El PP ha dicho que, en cumplimiento de la legalidad vigente, "los responsables políticos tienen el derecho a decidir cuál es el soporte y la tipología de medio más adecuada para dar a conocer la actividad e información institucional y no a la inversa".
Así las cosas, han manifestado que "no son los medios de comunicación quienes tienen la capacidad de decidir el volumen, la cuantía económica y el contenido de la publicidad institucional, sensación ésta última que se desprende de las noticias publicadas en los últimos días".

INTERESES DE EMPRESAS PRIVADAS

"Como es lógico en un estado democrático, los legítimos intereses comerciales y económicos de las empresas privadas no deberían emplearse para cuestionar o intentar condicionar la gestión pública", han insistido desde el PP de Ibiza.
Además, los 'populares' han pedido que la gestión de la publicidad institucional no provoque un enfrentamiento entre los propios medios de comunicación y las instituciones, "cuando no ha sido así nunca y cuando la mutua colaboración y entendimiento es la vía más eficaz para el desarrollo de sus respectivas funciones".
Desde el partido han mostrado también su colaboración con la Fiscalía para colaborar en todo aquello que contribuya a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el caso.