Balears lamenta la mala gestión y el caos presupuestario del Gobierno central ante el retraso en la asignación de los fondos de formación a las CCAA

La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer, ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras. Esta sesión, de carácter mixto (presencial / virtual), tenía como único punto decisorio la propuesta y el acuerdo sobre la distribución territorial de los fondos gestionados por las comunidades autónomas, dirigidos a la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, correspondientes al ejercicio presupuestario 2025. Cabrer pone de manifiesto su malestar por el retraso en el reparto de los fondos y exige al Ministerio el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria para garantizar que, de cara al futuro, el reparto de créditos se realice en el primer trimestre del ejercicio, dando a las comunidades autónomas el tiempo necesario para planificar y gestionar de forma adecuada sus iniciativas de formación.

La consellera, que se ha sumado a la queja planteada por otras comunidades autónomas, ha señalado que no es de recibo que se celebre una conferencia sectorial en el mes de octubre para repartir unos fondos que corresponden al año 2025 y que, por ley, deberían estar comprometidos en este mismo año. Gracias a la presión ejercida, por esta y la mayoría de las comunidades autónomas se ha admitido, al menos, una prórroga excepcional para poder comprometer los créditos hasta el 30 de junio de 2026. Esta prórroga representa una mejora pero sigue siendo insuficiente y complicará la ejecución de las acciones formativas previstas. La secretaria general de Formación Profesional se ha comprometido a mejorar las fechas para el reparto de fondos de cara al año 2026.

Cabrer también lamenta que esta conferencia sectorial, que debería ser presidida por la ministra, se haya celebrado nuevamente sin su presencia, y la falta de respeto a los procedimientos, ya que el Ministerio pretendía cambiar las reglas de juego para el reparto de los fondos, sin las consultas y los informes previos.

Además considera que es necesario dar una mayor flexibilidad a la ejecución de los fondos. La única respuesta obtenida a esta necesidad por parte del Ministerio ha sido el compromiso de seguir trabajando; pero sin ninguna planificación o propuesta de trabajo inmediato. En consecuencia, la gestión del Ministerio pone sistemáticamente en peligro la empleabilidad de los trabajadores por su gestión tardía de los fondos, los continuos intentos de modificar unilateralmente las reglas establecidas, y la falta de voluntad para permitir que las CCAA puedan adaptar los fondos a las necesidades reales de su mercado laboral.