CAEB rechaza la reducción de la jornada laboral aprobada por el Gobierno al margen del diálogo social

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) rechaza la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas aprobada ayer por el Gobierno al margen del diálogo social. Las empresas de Baleares han mostrado desde el inicio su rechazo a esta medida que modifica por ley “cuestiones que atañen a los convenios colectivos y supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva que consagra la Constitución”, asegura Carmen Planas.

El Gobierno ha tomado una decisión sin ningún estudio previo sobre sus consecuencias y que se promueve de espaldas a la Mesa de Diálogo Social. “Afectará al 75% del mercado laboral, excepto a las grandes empresas, que ya se situan en 37,2 horas”. Además, constituye una nueva subida de los costes laborales que se suma a las del SMI y las cotizaciones sociales y resta productividad a las empresas, que ha caído un 3,8% en los últimos 5 años.

"La economía de Baleares se basa en el sector servicios y hay un número muy importante de empresas que basan su actividad en la presencialidad. Eso unido a la falta de mano de obra tanto cualificada como no cualificada hace muchas veces imposible adaptar la jornada en una regulación rígida e impuesta. La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando si hay margen de productividad y las necesidades organizativas del empleadores", añade la presidenta de CAEB.

Planas recuerda que la aprobación de esta norma debilita el marco de negociación colectiva, fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años, y “aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización y su supervivencia”. La presidenta de CAEB añade que ya “estamos comprobando como está dificultando la negociación de convenios colectivos tan importantes como el de hostelería en Baleares, que se está dirimiendo en estos momentos”.

Alineados con CEOE y CEPYME, CAEB confía en que la tramitación parlamentaria tenga en cuenta estas cuestiones y disponga de un adecuado análisis de impacto económico.