PIMEM pide participar en el diseño de las convocatorias de inserción laboral y de formación ocupacional que hace el SOIB

La patronal de la Pequeña y Mediana empresa de Mallorca ha pedido intervenir en el diseño de futuras convocatorias en materia laboral y de ocupación y ante las discrepancias expresadas la semana pasada en las dos convocatorias hechas por el SOIB; la de cualificaciones para entidades locales y la llamada SOIB reactiva.

Según PIMEM se ha votado en contra porque “sólo se ha dirigido a la administración pública, concretamente a los ayuntamientos y dejando al sector privado sin ninguna posibilidad de poder acceder por parte del sector privado a los 21 millones previstos por parte del organismo autonómico”. Para su presidente Jordi Mora “se ha perdido una oportunidad para ayudar al sector privado muy tocado por la pandemia además de contribuir de manera muy eficaz a la transformación de éste”.

Y es que para la Federació no sólo de turismo se debe hablar porque si bien es cierto que la temporada ha empezado muy bien hay que recordar que hay sectores que necesitan de mano de obra o más ayudas de la administración. Mora asegura “que la diversificación implica mirar para todos los sectores. Compartimos el diseño de estas convocatorias y los perfiles que se quieren insertar laboralmente como jóvenes y parados de larga duración, pero no aceptamos que el beneficiario sea sólo el sector público”.

A lo largo de la comparecencia PIMEM también asegura que las personas que contratarán los ayuntamientos no tendrán continuidad en cambio sí se destinan los esfuerzos a las empresas hablamos de “tener más posibilidades, siempre y cuando haya más actividad, de que el mercado laboral acabe absorbiendo dichos perfiles”.

Otro aspecto que ha señalado son las condiciones con las que acceden los centros de formación privados en comparación a los centros públicos en la llamada Formación Profesional Ocupacional. A pesar de que formación es exactamente igual y el título expedido es el mismo hay diferencias notables. Para Jordi Mora todo arranca con el Real Decreto 62/2022 donde ya se ponen de manifiesto las diferencias y las injusticias de manera importante. En su comparecencia Mora ha detallado seis aspectos que pueden resumir los agravios comparativos entre los centro públicos y privados.

El primero que ha nombrado el presidente de la Federació es los centros públicos podrán ser acreditados, aunque no cumplan el Real Decreto de profesionalidad. “Por ejemplo si el RD pide una serie de equipamientos los centros privados si deben cumplir mientras que los públicos no”. Sobre el tema del profesorado Mora señala que a los profesores de la privada se les obliga a tener experiencia profesional previa mientras que a los que imparten en la pública no. Un tercer punto comunicado por la PIMEM es que mientras se exige a los centros privados un acceso adaptado para personas con movilidad reducida a los públicos no y esto pasa, según Mora, también con los certificados de calidad. Todos estos aspectos reducen la calidad de la formación ocupacional en los centros de formación públicos.

Sobre la gestión económica la patronal denuncia la discriminación que se hace a la hora de contabilizar los alumnos que terminan o no la formación. Y es que los centros privados cobran por los alumnos que han terminado su ciclo formativo mientras que la pública cobran íntegramente al margen del número de estudiantes que hayan finalizado el curso. Finalmente, dentro del repaso a las diferencias entre centros, la PIMEM asegura que los centros que dependen de la administración reciban un adelanto del dinero del 100% mientras que los privados reciben el 60% y el 40% restante lo pueden cobrar a un año o año y medio después de finalizar la formación.

PIMEM ha alertado de que si no se cambia la política del SOIB sobre el tema de la formación el sector privado de formación puede quedar seriamente afectado corriendo el riesgo de desaparición de determinadas empresas. A pesar pero de este posicionamiento la patronal ha reconocido el importante papel de este organismo y asegura que el futuro debe pasar por una colaboración permanente y eficaz entre la administración pública y el sector privado.